Las autoridades de ocupacion israelíes informaron a organizaciones de derechos humanos que mantienen detenidos a 2.790 personas de la Franja de Gaza. Sin embargo, se ha descubierto que otros 144 detenidos no aparecen en los datos israelíes y se desconoce su paradero. Las autoridades no han explicado su omisión, según un comunicado emitido el miércoles por el Comité contra la Tortura.
Según un comunicado de las autoridades israelíes, al 31 de mayo,
660 de los 2.790 detenidos de la Franja de Gaza se encontraban recluidos
en centros de detención militares israelíes.
Las autoridades de la ocupacion israelíes respondieron afirmando
que el centro de detención militar de Anatot, conocido por sus duras
condiciones de detención y la tortura de los detenidos, había sido
cerrado, y que el centro de detención de la base de Amiad, designado
para retener a combatientes de Hezbolá, también había sido cerrado.
Según las autoridades israelíes, desde finales del año pasado,
1.244 detenidos gazatíes han sido liberados, la mayoría como parte del
intercambio de prisioneros de enero, pero 455 gazatíes han sido
arrestados. El Comité contra la Tortura señaló que, a pesar de la
disminución del número de detenidos, las autoridades israelíes siguen
negándose a derogar la Ley de Combatientes Ilegales.
«Instamos a las autoridades a que ofrezcan explicaciones completas
sobre el destino de los 144 detenidos no mencionados en los datos y a
que modifiquen de inmediato la legislación que viola los derechos
fundamentales de los detenidos», declaró Tal Steiner, director general
del Comité contra la Tortura.
Añadió: «Los inquietantes informes sobre tortura en centros de
detención y duras condiciones de vida, que incluso han provocado la
muerte de muchos detenidos, exigen una investigación inmediata y un
cambio radical en la atención a los detenidos. La Ley de Combatientes
Ilegales permite graves violaciones de derechos y es incompatible con
los valores democráticos y el derecho internacional».
En febrero de 2024, aproximadamente cuatro meses después de la
guerra en Gaza, organizaciones de derechos humanos —el Comité Contra la
Tortura, Médicos por los Derechos Humanos, Gisha, Adalah y el Centro
para la Protección del Individuo— presentaron una petición para exigir
la derogación de las enmiendas aprobadas por la Knéset en virtud de la
Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales, que permiten la
extensión de la detención temporal y la continua negación del acceso de
los detenidos a abogados. Esta petición se presentó debido a la grave
violación de los derechos a la libertad, la vida, la integridad física y
un proceso judicial justo, de una manera incompatible con los valores
democráticos, sin un propósito legítimo y desproporcionada con respecto a
los derechos de los detenidos.
