Dans l’ombre de la « Grande Société », de l’usine au métavers, de l’industrialisation à l’IA, le monde du soin a progressivement cartographié la détérioration pré occupante de la santé mentale des travailleurs. De manière inversement proportionnée, plus la souveraineté se dématérialise et la science progresse, plus l’ordre social se désagrège.
Parmi ces indicateurs, celui de la souffrance au travail des fonctionnaires reste savamment occulté. Mais n’y aurait-il pas un lien entre la clinique du service public et l’effondrement démocratique de notre pays ?
Que nous révèlent les symptômes affectant le travail public sur l’État de droit ?…
Alors que l’exception d’urgence est devenue la norme, l’actualité met au jour une quantité effrayante d’atteintes à la probité jusqu’au plus haut sommet de l’État : corruption, détournement de fonds, conflits d’intérêts, privilèges, dogmatisme, libéralisme autoritaire… Nous assistons à l’un des braquages les plus pernicieux du siècle, au préjudice du peuple.
Au fil de ses interpénétrations avec le marché et de l’avidité illimitée de certains acteurs, l’État de droit, fragilisé, cohabite désormais avec d’autres ordres, dont celui de la criminalité organisée.
Fonctionnaires, il devient urgent d’entrer en résistance. L’action devra passer par l’éveil d’une conscience juridique et politique pour retrouver État de droit, dignité humaine et éthique.
La démocratie est en danger : nous sommes tous concernés.
Diplômée en linguistique, sciences politiques (IEP Strasbourg) et droit (Université Robert Schuman Strasbourg et Université Aix-Marseille), major du concours d’entrée à la profession d’avocat en 2004 (Strasbourg), Christelle MAZZA exerce le droit de la fonction publique et le droit pénal du travail depuis janvier 2006. Elle est inscrite au Barreau de Paris où elle exerce au sein du cabinet Outrenoir qu’elle a fondé en mars 2008.
Sa connaissance du service public français et des administrations internationales lui a permis de développer une expertise reconnue dans le domaine du droit de la fonction publique, des droits humains et de la restructuration du service public, en particulier des phénomènes liés de souffrance au travail et de harcèlement moral institutionnel. Consciente du déséquilibre procédural majeur les affectant dans leurs démarches de carrière face à l’État et des sujets hautement sensibles auxquels ils peuvent être confrontés, Christelle MAZZA a développé une expertise pointue au soutien des lanceurs d’alerte de la fonction publique dans le secteur régalien (Police, Justice, Éducation nationale, Recherche et Affaires étrangères), hospitalier (crise hospitalière et hospitalo-universitaire), ainsi que sur les territoires (favoritisme, concussion, prise illégale d’intérêts, corruption…).
Christelle MAZZA, préface de Christophe Dejours, Souffrance au travail dans le service public. Sortir du silence. Entrer en résistance, éditions Du Puits Fleuri, janvier 2026

FUENTE https://www.xuliorios.com/corrupcion-y-legitimidad-de-espana-a-china-por-xulio-rios
La corrupción viene ocupando un lugar singular en la vida pública de España. Pocas cuestiones poseen una capacidad comparable para erosionar la confianza ciudadana, alterar equilibrios políticos o incluso precipitar la caída de gobiernos. No deja de resultar llamativo que, en ocasiones, ejecutivos como el actual con balances razonablemente positivos en materia económica, social o internacional vean comprometida su continuidad por escándalos de corrupción que pueden acabar eclipsando cualquier otro aspecto de su gestión. La corrupción se ha convertido así en un fenómeno sociopolítico de primer orden y, al mismo tiempo, en una poderosa arma arrojadiza en la competición partidista.
Sin embargo, el debate público español suele concentrarse en los casos concretos y mucho menos en las fortalezas y debilidades estructurales del sistema diseñado para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. La discusión sobre la eficacia de los mecanismos de control, la independencia de las instituciones o el papel de los medios de comunicación queda frecuentemente subordinada a la lógica del enfrentamiento político. Todo ello en un contexto en el que una parte creciente de la ciudadanía cuestiona la imparcialidad tanto de la justicia como de los propios medios, percibidos a menudo como actores inmersos en la lucha política.
La comparación con China resulta especialmente interesante porque allí la corrupción ha adquirido una dimensión distinta. No constituye únicamente un problema de gobernanza o de calidad institucional, sino una cuestión directamente vinculada a la legitimidad del poder político. Desde la llegada de Xi Jinping al liderazgo chino, la lucha contra la corrupción se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la narrativa oficial. La campaña anticorrupción lanzada en 2012 no se presentó simplemente como una iniciativa administrativa, sino como una auténtica batalla por la supervivencia del sistema político.
La lógica subyacente sugiere que, en ausencia de competencia electoral multipartidista, la legitimidad del modelo chino descansa en gran medida sobre la capacidad del Partido para garantizar crecimiento económico, estabilidad social y un gobierno percibido como eficaz y moralmente competente. La corrupción amenaza directamente esos tres pilares. Por ello, combatirla se ha convertido en una cuestión existencial para el régimen.
El principal instrumento de esta estrategia es la combinación entre la Comisión Central de Control Disciplinario y la Comisión Nacional de Supervisión. La primera constituye el órgano disciplinario interno del Partido Comunista; la segunda, creada en 2018, amplió el alcance de la supervisión más allá de los militantes para abarcar a todos los funcionarios públicos y personas vinculadas al ejercicio de funciones estatales.
Esta arquitectura institucional refleja una diferencia fundamental respecto a los sistemas occidentales. En España, la lucha contra la corrupción se articula esencialmente a través de órganos judiciales, fuerzas policiales, fiscalías, tribunales de cuentas y organismos de control administrativo. En China, por el contrario, el proceso comienza habitualmente en la esfera disciplinaria y política antes de llegar a los tribunales. El Partido investiga, depura responsabilidades y, posteriormente, los casos más graves son transferidos al sistema judicial para la imposición de sanciones penales.
Este procedimiento presenta singularidades notables. La más conocida es la posibilidad de someter a determinados sospechosos a mecanismos especiales de investigación y retención durante las pesquisas. Tales instrumentos han sido defendidos por las autoridades como herramientas imprescindibles para combatir redes complejas de corrupción, pero también han suscitado críticas de organizaciones internacionales y juristas por las limitaciones que imponen a las garantías procesales propias de los estándares liberales occidentales.
La cuestión de la transparencia constituye otro de los grandes contrastes. En España, la exposición mediática de los casos suele ser intensa y prolongada. La opinión pública asiste durante años a filtraciones, declaraciones judiciales, informes policiales, debates parlamentarios y coberturas periodísticas continuas. Paradójicamente, esta abundancia informativa no siempre genera confianza; en ocasiones produce la impresión de una batalla política permanente en la que resulta difícil distinguir entre información, interpretación e instrumentalización partidista.
China sigue una lógica diferente. Durante gran parte de la investigación predomina el secreto. El público suele conocer la existencia de un caso cuando las autoridades consideran que las pruebas están consolidadas y las decisiones disciplinarias prácticamente adoptadas. El resultado es una percepción de mayor contundencia y rapidez, aunque a costa de una considerable opacidad sobre los procedimientos internos. El ciudadano recibe con frecuencia el desenlace, pero dispone de menos elementos para evaluar el desarrollo completo de la investigación.
Desde la perspectiva de la eficacia, los resultados chinos son difíciles de ignorar. En poco más de una década han sido investigados y sancionados cientos de miles de cuadros y funcionarios, incluidos miembros de las más altas estructuras del Partido, generales del Ejército y directivos de grandes empresas estatales. La campaña ha transmitido el mensaje de que ningún nivel jerárquico está completamente protegido frente a la acción disciplinaria.
Diversos estudios realizados por instituciones académicas occidentales y asiáticas durante la última década muestran niveles relativamente elevados de confianza ciudadana en la capacidad del Estado para combatir la corrupción. Uno de los trabajos más citados es el realizado por el Ash Center for Democratic Governance and Innovation, también de Pew Research Center, que destaca niveles muy altos de satisfacción con el gobierno central chino.
En España existe más información, más investigación periodística y más control judicial independiente, pero también mayores dudas sobre la neutralidad de las instituciones. En China existe menos transparencia externa y menos supervisión independiente, pero la percepción social de eficacia suele ser mayor porque la ciudadanía observa resultados visibles vía destituciones, condenas, campañas periódicas y mensajes políticos muy claros.
También la severidad de las penas constituye un elemento diferencial. China mantiene un régimen sancionador particularmente duro para los delitos graves de corrupción. Aunque el recurso a la pena de muerte ha disminuido respecto a épocas anteriores y suele aplicarse con suspensión de ejecución en muchos casos, las condenas a cadena perpetua, las largas penas de prisión y las amplias confiscaciones patrimoniales siguen siendo relativamente frecuentes. Además, existe una preocupación constante por asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias y recuperar activos obtenidos ilícitamente, incluso mediante cooperación internacional.
No obstante, la eficacia no agota el debate. Una cuestión esencial es si el sistema permite distinguir con suficiente claridad entre la persecución legítima de la corrupción y la utilización política de las campañas disciplinarias. Las autoridades chinas rechazan habitualmente esta crítica y subrayan que la lucha anticorrupción responde a necesidades objetivas de gobernanza. Sin embargo, numerosos observadores señalan que, en sistemas donde el Partido controla simultáneamente los mecanismos disciplinarios, la Fiscalía y buena parte de los resortes institucionales, resulta más difícil establecer controles externos e independientes comparables a los existentes en las democracias liberales.
España se encuentra, en cierto sentido, ante el problema inverso. Posee mayores garantías procesales, más pluralismo político y una esfera mediática mucho más abierta, pero a menudo transmite una imagen de lentitud, fragmentación e incluso impunidad. Los procesos pueden prolongarse durante años; las responsabilidades políticas y las judiciales avanzan a ritmos distintos; y la percepción pública de castigo efectivo no siempre acompaña a la gravedad de los hechos denunciados.
¿Puede España aprender algo de la experiencia china sin sacrificar los fundamentos de su propio modelo? Probablemente sí, aunque no en el sentido de importar instituciones o procedimientos específicos. Lo más valioso de la experiencia china quizá resida en la prioridad política otorgada al problema. Beijing ha convertido la lucha contra la corrupción en una política de Estado sostenida en el tiempo, dotada de recursos, objetivos claros y una fuerte capacidad de ejecución. La corrupción no aparece como una cuestión secundaria ni como un asunto que se active únicamente cuando estalla un escándalo.
España podría extraer enseñanzas en ámbitos como la prevención, la profesionalización de los órganos de control, la protección de denunciantes, el seguimiento patrimonial de cargos públicos o la coordinación entre organismos supervisores. También podría reflexionar sobre cómo reforzar la percepción de certeza en la sanción, un factor que los estudios sobre corrupción consideran más relevante que la mera dureza de las penas.
Lo que difícilmente sería compatible con el modelo español son los elevados niveles de discrecionalidad política, el predominio del secreto investigador o las limitaciones a la supervisión independiente que caracterizan algunos aspectos del modelo chino. La fortaleza de una democracia liberal no radica únicamente en castigar la corrupción, sino también en hacerlo preservando los derechos individuales, el pluralismo político y las garantías procesales.
En última instancia, la comparación entre España y China muestra que no existe una fórmula perfecta. España dispone de mayores contrapesos institucionales, pero lucha contra la percepción de lentitud y politización. China exhibe una notable capacidad de ejecución y una severidad ejemplarizante, pero afronta interrogantes sobre transparencia, control independiente y garantías jurídicas. Ambas experiencias sugieren una misma conclusión: la corrupción no es solo un problema penal o administrativo. Es, sobre todo, una cuestión de confianza pública y de legitimidad política. Allí donde los ciudadanos dejan de creer que las reglas se aplican por igual a todos, la erosión del sistema comienza mucho antes de que se dicte una sentencia.
La comparación entre España y China revela que la legitimidad de las políticas anticorrupción descansa sobre fundamentos diferentes. Mientras las democracias liberales tienden a vincular la confianza pública a la transparencia, la independencia institucional y las garantías procesales, el modelo chino la asocia más estrechamente a la eficacia percibida y a la capacidad del Estado para castigar a los infractores. El resultado es una paradoja aparente pues España dispone de mayores controles externos y de una información mucho más abundante, pero registra niveles significativos de desconfianza hacia las instituciones encargadas de combatir la corrupción; China, por el contrario, opera con menores niveles de supervisión independiente, aunque obtiene una valoración social generalmente más favorable de sus campañas anticorrupción. La cuestión de fondo no es únicamente cuánta corrupción existe, sino qué grado de confianza generan los mecanismos destinados a combatirla.
El 21 de octubre de 1974 comenzó el juicio en la Audiencia de Pontevedra, con una gran expectación mediática. El tribunal estaba presidido por Mariano Rajoy Sobredo. Sostenía la acusación pública el fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro. Uno de los abogados del caso fue José María Gil Robles, en una de sus primeras apariciones públicas tras su retorno del exilio, que puso especial interés en destacar la implicación en el caso del administrador de la sociedad, señor Nicolás Franco Bahamonde, aunque éste no había sido procesado. La sala estaba abarrotada de público, prensa, radio y televisión precisamente por la implicación en el escándalo de Nicolás, el hermanísimo.

El caso había surgido y naufragado en un mar de aceite almacenado por la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) para satisfacer las exigencias del mercado y regular los precios. Pero la CAT carecía de instalaciones adecuadas y debía recurrir a depósitos alquilados a empresas privadas. En Vigo, esos depósitos estaban en la comarca de Guixar y la empresa encargada de su almacenamiento era Reace (Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas, SA). Esa empresa había contratado con la CAT, entre 1966 y 1972, el almacenamiento de más de 12 millones de kilos de aceite. Estaba claro que la CAT era el único propietario de ese aceite, y un seguro dejaba a cubierto la mercancía contra cualquier eventualidad. El contrato regulaba también el procedimiento para las entregas, con la obligada anotación y el precintado de la válvula de salida.
El 25 de marzo de 1972, debido a la falta de aceite de oliva en la CAT, se comprobó que en los depósitos de la empresa Reace, situados en la estación de Guixar (Redondela) no había el aceite previsto. Los grandes depósitos no estaban llenos, como debieran estarlo, sino totalmente vacíos. El Director General de la CAT, José María Romero González, denunció en el juzgado de guardia de Vigo la desaparición de 4.036.052 kilos de aceite de oliva, por un valor de 167.615.172 pesetas.
Los libros de contabilidad de Reace habían desaparecido, como el aceite. Cuatro días más tarde, el 29 de marzo de 1972, Isidro Suárez Díaz, uno de los socios mayoritarios de Reace, fue detenido en el tren Madrid-Bilbao. El 30 de setiembre de 1972 aparecieron muertos, en un piso de su propiedad, en Sevilla, el director general de Reace, José María Romero González, junto a su mujer e hija. El juez que llevaba el caso recibió una carta en la que Romero hablaba de su suicidio, y de que tenía la conciencia tranquila por no estar involucrado en el Caso Reace. Los expertos dudaron de la autenticidad de esa carta, que no parecía, ni por su extensión ni por su tono, la de un suicida. Pero, si no era un suicidio familiar, era un asesinato múltiple. Los suicidios familiares, y aún más por quiebra o fraude, eran tan raros y exóticos que nadie daba crédito a su veracidad.
Reace había sido fundada en 1956 por Rodrigo Alonso Fariña, con el fin de dedicarse al refinado y envase de aceite. Eran socios Oswaldo Alonso Fariña, Salvador Guerrero, Eufrasio Juste y Francisco Carrión. Su sede radicaba en las cercanías de Redondela. En 1964, se incorporó al Consejo de Administración Nicolás Franco Bahamonde, hermanísimo de Francisco Franco, y también Isidro Suárez Díaz Moris.

Nicolás Franco Bahamonde, gestor del imperio empresarial de la tribu de los Franco, llegó a presidir siete grandes corporaciones industriales, como Transmediterránea y Fasa-Renault, entre otras. En 1968, Rodrigo Alonso Fariña cesó como presidente de Reace, sustituido por Isidro Suárez Díaz Moris, que apareció muerto en Vigo en “extrañas circunstancias”. Decían que a causa de una fuga de gas. También fue asesinado un taxista en extrañísimas circunstancias, igual que un empresario del sector conservero vigués; ambos debían testificar ante Rajoy. Eran asesinatos colaterales del caso Reace. A su vez, el señor Mañas, representante de los acreedores, falleció muy oportunamente de una angina de pecho. En 1970, Carlos Nogueira cesó como director de Reace, sustituido por José María Romero González.
Rodrigo Alonso Fariña, nacido en Vigo en 1915, había desempeñado, entre otros cargos, el de presidente del Real Club Celta de Vigo, hasta junio de 1973, año en el que presentó su dimisión, debido al “escándalo” de Reace. El juzgado dictó auto de procesamiento contra Rodrigo Alonso Fariña, enfermo grave del corazón, el 11 de noviembre de 1973 “por haber encontrado indicios racionales de criminalidad como presunto artífice en los hechos enjuiciados”.
El juicio se inició con el sorprendente comunicado de que se había perdido el sumario. ¡Escándalo sobre escándalo, apuntaba a un escandalísimo! Aunque había sido depositado en la Audiencia de Pontevedra, se había perdido a causa de las reformas realizadas en el edificio para ganar más espacio.
¿Qué pasó con los asesinatos o suicidios? Los muertos gozaban de una gran ventaja, dado que no podían testificar, ni acusar a nadie. Pio Cabanillas Gallas era ministro de Información y Turismo, y no estaba dispuesto a consentir que la prensa (sobre todo la prensa falangista) aireara el escándalo. ¡Escándalo que salpicaba al propio hermanísimo! Pío dictó medidas para controlar la prensa y expedientar las informaciones demasiado audaces. El método deductivo de Sherlock Holmes estaba vigilado, y bajo sospecha de subversión contra el régimen.
El presidente del Tribunal, señor Mariano Rajoy Sobredo, llevó férreamente la vista, evitando que salieran a la luz los aspectos más comprometidos de aquel gravísimo escándalo. Que había muertes por en medio, para taparlo todo. Que, además, esas muertes eran asesinatos, disimulados como suicidios. Y, sobre todo, que era evidente la plena implicación en todo el asunto de Nicolás Franco, el hermanísimo.
La causa quedó vista para sentencia el viernes 25 de octubre de 1974. ¡Qué rapidez! El común de los españoles, y la prensa extranjera, percibió que no se había investigado lo suficiente, porque no interesaba a las altas esferas del poder político. A nadie le importó investigar adónde fueron a parar las toneladas de aceite de oliva propiedad del Estado, ni porqué se hacían trasvases de aceite entre los depósitos de la CAT y los de Reace. Nadie quiso saber dónde se vendía el aceite sustraído, dónde se almacenaba y quiénes eran los dueños de las empresas que luego lo comercializaban, ni cómo se repartían las ganancias del fraude. Tampoco se investigó la incesante casualidad (quizás causalidad) de las numerosas muertes, en cadena, de personas relacionadas con el caso. Mariano Rajoy se cubrió de gloria y sesgado servicio a la tribu de los Franco.
Era evidente que esas muertes eran asesinatos maquillados como ataques al corazón, suicidios o accidentes. La única explicación racional era la intervención de los ángeles exterminadores de la Divina Providencia o la existencia de un comando de élite con carta blanca, licencia para matar y financiación estatal ilimitada. ¡Pero nadie sabía nada! Y nadie quería, ni debía, saber nada. Pese a lo manifestado en medios oficiales, relativos a una investigación exhaustiva “caiga quien caiga”, lo cierto es que a las personalidades implicadas jamás les sucedió absolutamente nada. Y del aceite de Redondela nunca jamás se volvió a tener noticia. ¿Estaban en el banquillo de los acusados todos los que debían estar? ¿Cómo se llevaba a cabo el tráfico de influencias? ¿Qué papel jugaba el hermanísimo? Sin duda, preguntas sin respuesta, porque no interesaban al régimen. Pero el caso de Nicolás Franco, que salió a la luz en 1974, no era ninguna novedad. Lo nuevo era que la corrupción de la tribu saliera a la luz y se hiciera tan evidente.
Mariano Rajoy Sobredo fue premiado por la Divina Providencia con las dificilísimas oposiciones (un notario y tres registradores de la propiedad) ganadas por cada uno de sus cuatro hijos, batiendo marcas de precocidad. Los retoños del magistrado eran cuatro genios de las oposiciones, porque genial era ganarlas con 24 años, apenas obtenido el título de Derecho, habiéndolas preparado al tiempo que aprobaba el último curso de la carrera, como hizo Mariano Rajoy Brey. Una sencilla comparación: el número uno de la promoción de Mariano Rajoy, hijo, tardó ocho años en sacar esas mismas oposiciones a Registrador de la Propiedad. Pero ya se sabe que no hay nada imposible para los ángeles de la Providencia del Todopoderoso y el atado y bien atado de Franco.
Mientras preparaba este texto, en 2018, la lectura de la prensa y los telediarios retrasaron la finalización del artículo. Me obsesionaba la constante y opresiva sensación del dejà vu y me producía extraños escalofríos y peores pesadillas. Accidentes, suicidios y anginas de pecho se encadenaban, de nuevo, de modo y forma que sólo podía tratarse, otra vez, de milagros: obra y magia de los asombrosos ángeles de la Divina Providencia.
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![[Img #91038]](https://canarias-semanal.org/upload/images/04_2026/9900_villena.jpg)
Hay libros que analizan la política española observando parlamentos, partidos y elecciones. Y hay otros que intentan responder a una pregunta mucho más inquietante: quién sigue mandando cuando cambian los gobiernos, se suceden las legislaturas y el país parece transformarse sin alterar su estructura profunda.
"Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939", de Andrés Villena Oliver, pertenece a esta segunda categoría. Politólogo y sociólogo especializado en el estudio de las élites, Villena lleva años investigando la relación entre la alta administración, el poder económico y las redes dirigentes del Estado.
En esta obra propone una lectura del último siglo español que cuestiona uno de los relatos más asentados de nuestra historia reciente: la idea de que la democracia sustituyó a las élites del franquismo por otras completamente nuevas, homologables a las de cualquier democracia occidental.
Su tesis, apoyada en abundantes datos, nombres y conexiones institucionales, resulta mucho más incómoda: la España democrática no habría destruido las viejas estructuras de poder, sino que habría permitido su adaptación y modernización.
El punto de partida del libro es una idea sencilla, pero de gran alcance: la historia política de un país no puede explicarse solo por sus cambios de régimen. Que cambie la forma del Estado no significa necesariamente que cambien, en la misma medida, quienes ocupan las posiciones decisivas dentro de él. Para Villena, esa es precisamente la clave de la España contemporánea. El país ha atravesado transformaciones institucionales profundas —dictadura, transición democrática, integración europea, alternancia política— sin que ello haya supuesto una renovación equivalente de sus núcleos estructurales de poder.
Por eso el autor sitúa el origen de esa continuidad en 1939. La victoria franquista no fue solo el final militar de una guerra civil. Fue también el momento en que se reorganizó de raíz quién mandaba en España. La derrota republicana supuso la eliminación, expulsión o marginación de amplios sectores de las élites políticas, administrativas e intelectuales ligadas al reformismo republicano, al movimiento obrero y a la izquierda, mientras el nuevo régimen consolidaba un bloque dominante integrado por militares, grandes propietarios, alta burocracia, jerarquía eclesiástica y empresarios afines al franquismo. El franquismo, en esta interpretación, no se limitó a gobernar: reconstruyó las bases sociales del poder en España (pp. 34-49).
Uno de los argumentos más sólidos del libro es que el franquismo no solo protegió a las élites tradicionales, sino que ayudó a fabricar buena parte de la gran burguesía moderna española. En una economía fuertemente intervenida, donde el Estado controlaba licencias, concesiones, contratos, importaciones, exportaciones y acceso privilegiado a sectores estratégicos, la cercanía al poder político se convirtió en un factor decisivo para acumular riqueza.

Ese proceso no solo generó riqueza para determinados grupos. También consolidó una forma muy particular de capitalismo: una economía donde el éxito empresarial dependía, en buena medida, de la relación con el poder político. Durante décadas, el franquismo protegió a empresas nacionales frente a la competencia exterior, repartió concesiones en sectores estratégicos, adjudicó contratos públicos de enorme valor y levantó barreras regulatorias que favorecían a quienes ya formaban parte del sistema.
La consecuencia fue la consolidación de un capitalismo poco competitivo en términos clásicos y extraordinariamente dependiente de la proximidad al Estado. Buena parte de la gran empresa española contemporánea nació, según Villena, en ese ecosistema donde mercado y poder político estaban mucho más entrelazados de lo que luego admitiría el relato oficial de la modernización económica española.
Ese proceso ayuda a entender por qué la democratización posterior no alteró de forma sustancial la estructura económica del país. Cuando murió Franco, muchas de las familias, grupos empresariales y redes de influencia que habían acumulado poder durante la dictadura partían ya de una posición enormemente ventajosa. Disponían de patrimonio, capital, relaciones, presencia institucional y acceso privilegiado a los centros de decisión. La transición política podía cambiar el régimen, pero no borraba cuarenta años de acumulación previa.
Ahí reside una de las tesis centrales del libro: la Transición no habría supuesto una ruptura profunda con el viejo poder, sino una reforma pactada que permitió la adaptación de buena parte de las élites franquistas al nuevo marco constitucional. Villena no niega la importancia de la democratización ni resta valor a las libertades conquistadas, pero sostiene que el cambio político se produjo sin una transformación equivalente de las estructuras profundas del poder.
No hubo una depuración sustancial de la alta Administración, ni del Poder judicial ni de los cuerpos superiores del Estado. Tampoco se produjo una alteración comparable en la distribución del poder económico. En lugar de una sustitución de élites, lo que hubo fue una modernización de sus formas de influencia (pp. 121-143).
Pocas instituciones resumen mejor esa lógica de continuidad dentro del cambio que la monarquía. El hecho de que Juan Carlos I accediera al trono como sucesor designado por Franco y terminara convertido en símbolo de la nueva democracia parlamentaria ilustra con claridad la naturaleza del proceso: suficiente reforma para democratizar el sistema, suficiente continuidad para tranquilizar a quienes ocupaban posiciones de poder en el anterior. La Corona aparece así en el libro como una pieza clave de articulación y estabilización de las élites durante el nuevo régimen (pp. 150-164).
Uno de los aspectos más interesantes del libro es el peso que concede a la alta burocracia estatal. Frente a la visión convencional que presenta a los altos funcionarios como simples técnicos neutrales, Villena los sitúa en el corazón mismo del sistema de poder español.
Cuerpos como los Abogados del Estado, los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, los Inspectores de Hacienda, los Letrados del Consejo de Estado o los Letrados de las Cortes aparecen descritos como una auténtica aristocracia burocrática. Son quienes redactan normas, interpretan marcos regulatorios, asesoran a ministros, controlan procedimientos complejos y ocupan puestos estratégicos tanto en la Administración como en el sector privado (pp. 166-192).
Su poder no radica solo en el prestigio o en la dificultad de sus oposiciones, sino en el conocimiento que acumulan. Un ministro puede permanecer unos años en el cargo; un alto funcionario de estos cuerpos puede pasar décadas dentro del aparato estatal acumulando experiencia, relaciones y dominio técnico sobre el funcionamiento real de las instituciones.
Cuando un gobierno necesita negociar con Bruselas, redactar una reforma compleja o interpretar una normativa delicada, son estos perfiles quienes poseen el saber práctico indispensable. En una época en la que buena parte del poder se ejerce a través de la regulación técnica, esa posición les convierte en actores centrales del sistema.
Villena muestra cómo de esos cuerpos salen numerosos ministros, secretarios de Estado, reguladores y altos cargos empresariales. No se trata de una coincidencia anecdótica, sino de un patrón estructural: una parte importante de quienes ocupan posiciones de poder en España procede de circuitos altamente selectivos, socialmente homogéneos y profesionalmente interconectados.
Ese análisis enlaza con otro de los grandes temas del libro: las puertas giratorias. Pero el autor evita quedarse en la crítica fácil a los casos más mediáticos. Su tesis es más profunda: la circulación entre política, alta administración y gran empresa no sería una anomalía del sistema, sino una de sus formas normales de funcionamiento.
Exministros, expresidentes, altos reguladores y funcionarios de élite pasan con frecuencia a ocupar puestos en Consejos de Administración, grandes despachos o empresas reguladas por los mismos sectores sobre los que antes tenían influencia. El fenómeno no sería una desviación, sino una expresión habitual de la estrecha relación entre Estado y grandes intereses económicos (pp. 203-214).
El libro subraya además que el poder no se reproduce solo por dinero o por cargos. También lo hace mediante redes familiares, educativas y sociales. Grandes familias empresariales, altos funcionarios, élites políticas y profesionales de prestigio se entrelazan mediante vínculos familiares, trayectorias educativas compartidas, espacios de sociabilidad comunes y relaciones profesionales cruzadas.
El poder no se hereda únicamente como patrimonio: también se transmite como acceso privilegiado a los círculos donde se aprende quién cuenta, cómo funciona el sistema y a quién conviene conocer.
Todo ello conduce a una de las conclusiones más delicadas de la obra: España sería una democracia plenamente funcional en sus formas institucionales, pero con una estructura de poder más concentrada, más cerrada y más continuista de lo que suele admitir el relato oficial. Villena no sostiene que España sea una anomalía antidemocrática ni una excepción autoritaria encubierta dentro de Europa. Su planteamiento es más matizado y precisamente por ello más sólido: España comparte las formas de las democracias liberales occidentales, pero conserva una estructura oligárquica más acusada en la concentración del poder económico, en la continuidad histórica de sus élites y en la limitada circulación real hacia las posiciones superiores de mando (pp. 254-266).
El valor de "Las élites que dominan España" no reside solo en las tesis que defiende, sino en el cambio de mirada que obliga a adoptar. El libro invita a apartar la vista de la superficie visible de la política española —partidos, líderes, campañas, debates parlamentarios— para dirigirla hacia las estructuras permanentes que condicionan el margen real de maniobra de cualquier gobierno. Su pregunta de fondo no es quién gana las elecciones, sino quién mantiene capacidad de influencia decisiva independientemente de quién las gane.
Villena no ofrece una teoría conspirativa ni un relato simplista sobre una camarilla secreta que mueve los hilos desde la sombra. Lo que ofrece es algo más serio y más rupturista: el retrato de un sistema donde el poder se concentra en minorías altamente organizadas, cohesionadas y adaptativas que han sabido sobrevivir a todos los grandes cambios de régimen sin abandonar el centro del tablero.
Su conclusión puede resumirse en una idea que atraviesa silenciosamente toda la obra: la historia reciente de España no sería tanto la de la sustitución de unas élites por otras como la de la extraordinaria capacidad de las viejas élites para transformarse y seguir mandando en un mundo nuevo.
Andrés Villena Oliver, Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del K.O., 2026).

Edmundo González llegó a España el pasado 8 de septiembre tras un acuerdo en el que participaron tanto el Gobierno español como el venezolano. La llegada de González se produjo en medio de un uso partidista interno de la cuestión de Venezuela en el Reino de España.
En pocos días, hemos visto como se llevaba a cabo una votación inaudita en el Congreso de los Diputados de España para reconocer a González como presidente de Venezuela, pese a que ni siquiera el abogado del político venezolano había solicitado tal reconocimiento y teniendo en cuenta, además, el absurdo de que el Parlamento de un país pretenda determinar quién es el presidente de otra nación. A su vez, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como destacados líderes de la oposición, como el expresidente, Mariano Rajoy, se reunieron con el excandidato opositor de Venezuela en estos días.
El caso de González no es una novedad, el político se une a otros venezolanos opositores que se han instalado en los últimos años en Madrid. Los casos más conocidos son el de Leopoldo López, responsable de la 'Operación La Salida', condenado en Venezuela por su responsabilidad en la muerte de 43 personas; su mediática esposa Lilian Tintori; Julio Borges o Antonio Ledezma, entre otros.

Durante años en los medios españoles se han publicado diversos artículos en los que destacaban un "desembarco" de fortunas latinas en la capital del reino, donde es recurrente señalar que el fenómeno tiene un claro impulsor: el clan venezolano de los Capriles, familia del excandidato opositor Henrique Capriles, y su ascendente influencia en el mercado inmobiliario del lujo.
La familia Capriles se afianzó en Venezuela, a través del control sobre medios impresos, tales como Últimas noticias o El Mundo, que dominaron durante mucho tiempo el mercado mediático venezolano. A su vez, se hicieron con un jugoso negocio inmobiliario centrado en oficinas y apartamentos de lujo en la ciudad de Caracas. Su llegada a España se produjo en 2013, aprovechando que muchos venezolanos acaudalados se marcharon del país una década antes tras la victoria de Hugo Chávez y el triunfo de la Revolución Bolivariana.
La familia Capriles se hizo con un jugoso negocio inmobiliario centrado en oficinas y apartamentos de lujo en la ciudad de Caracas.
El despertar del pueblo venezolano también conllevó un despertar para la oligarquía del país, que se trasladó a España con el fin de hacer negocios en terrenos que consideraron más amables.
A mediados de 2022, The New York Times publicó un artículo firmado por su corresponsal en España, Raphael Minder, donde aseguraba que Madrid definitivamente había desbancado a Miami como destino preferido por los latinoamericanos ricos. Este texto señalaba que esta movilización de las oligarquías latinoamericanas se debía a los cambios políticos producidos en la región, inventando un novedoso concepto: "exiliados ricos".
Ante eso, debemos preguntarnos: ¿por qué la riqueza es considerada un motivo para el exilio? El medio estadounidense también atendía a esta cuestión y presentaba dos ejemplos: los colombianos ricos que previsiblemente se marcharían del país si se producía una victoria de Gustavo Petro, debido a que este había planteado subir los impuestos; y también advertían que el mensaje de Gabriel Boric en Chile que hablaba sobre favorecer una sociedad más igualitaria, también habría hecho sonar las alarmas.
Los ricos son muy sensibles a que se limite su acción expoliadora, pero España tiene la solución: con una inversión inmobiliaria de 500.000 euros, obtienes una visa dorada y todas las facilidades para engordar tu cartera en territorio español.
No deja de ser contradictorio, aunque no sorprendente, observar cómo los habituales voceros políticos de una oportunista campaña contra la inmigración y los cambios demográficos que de ella se derivan, no vean mayor problema en privilegiar con leyes la llegada masiva y el control efectivo sobre barrios enteros que estos multimillonarios están provocando, con consecuencias sociales concretas como el encarecimiento de la vivienda y la expulsión de gran parte de la población de las ciudades.

No podemos dejar de advertir que el interés de estos voceros en enfrentar emociones a través de los fenómenos migratorios, finalmente, solo es una performance que busca enfrentar a pobres contra pobres. Su racismo también es una cuestión de clase. Entre ellos se reconocen y se protegen. Ojalá, desde el otro lado, también tuviésemos claro a quién debemos proteger y, en este caso, a quién no.
Otro sector que se ha visto afectado en relación a la llegada del "exilio rico" venezolano, ha sido la banca, donde destaca la figura de Juan Carlos Escotet, banquero hispano-venezolano.
Escotet se inicia bajo la protección del banquero nacido en Cuba Orlando Castro, y gracias a la renta petrolera venezolana y las ventajas que ofrecía pertenecer al grupo de banqueros cercanos al gobierno de Carlos Andrés Pérez, su ascenso fue rápido, con la fundación del banco BANESCO y convirtiéndose ya durante la década de los 90 en uno de los hombres más ricos de Venezuela.
Tras la crisis de las cajas de ahorro en España, el gobierno gallego, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, en la actualidad máximo dirigente del Partido Popular a nivel estatal, decidió la fusión de CaixaNova y Caixa Galicia, dando paso a NovaCaixaGalicia. Esta operación, que costó 9.000 millones en ayudas públicas, acabó en 2013 con una intervención estatal y la venta a Juan Carlos Escotet, por solo 1.000 millones de euros, dando paso a la creación de ABANCA.
Sin embargo, sería inocente creer que el poder que han ido adquiriendo estos grupos, dentro de sectores tan sensibles como es el mercado inmobiliario o la banca, no esté suponiendo a su vez la consolidación de un grupo de presión interno que afecta a la política doméstica en España.
Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, en 2019 se convirtió en eurodiputado de la mano del Partido Popular. A su vez, en 2016, la familia Capriles entró a formar parte de la administración de la sociedad detrás del medio de comunicación The Objective, que ha ganado cierta relevancia en los últimos meses por su campaña, muchas veces a través de la creación de bulos contra el gobierno de Pedro Sánchez, según denunció en una investigación en Diario Red el periodista Román Cuesta, en abril de este mismo año.
Los intereses detrás de haber aupado y dado la bienvenida a esta diáspora multimillonaria y bastante corrupta venezolana en España son evidentes: tratar de derrocar el proceso revolucionario en Venezuela. El Estado español aúna razones económicas, en relación con los intereses de las multinacionales españolas en Venezuela; y geopolíticas, por el temor de perder su capacidad de injerencia en la zona por el surgimiento de gobiernos populares soberanos.
En 1959 llegaron a la ciudad de Miami políticos corruptos y policías torturadores que huían de los revolucionarios cubanos tras el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. A la CIA y a EE.UU. también le interesó promocionar a estos grupos para crear desestabilización en Cuba y favorecer una intervención estadounidense. Ese es el origen de la mafia cubana de Miami que ha estado detrás de múltiples atentados terroristas y de actos de injerencia política tanto en Cuba, como en otros países latinoamericanos, pero, también dentro del propio EE.UU.
La historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa.