00:00:00 Prêts de la Première Guerre mondiale et plan Dawes
00:10:46 La Banque des règlements internationaux et la Seconde Guerre mondiale
00:21:27 Le plan Marshall et l’OTAN
00:25:55 L’occupation d’après-guerre et la création du BND
00:31:00 La réunification et l’élargissement de l’OTAN
00:35:22 BlackRock, Merz et l’intégration moderne
00:39:11 Complot stratégique ou nature capitaliste ?
00:42:04 Conclusion
FUENTE: https://nuevarevolucion.es/eurovision-nunca-fue-un-inocente-concurso-de-canciones/?
La España franquista, el Portugal salazarista o la Grecia de los coroneles, encontraron en Eurovisión un instrumento de soft power doméstico.
Eurovisión nunca fue un inocente concurso de canciones. Nació en 1956 como un instrumento de Soft Power en plena Guerra Fría. Maurice Ollivier, primer director del programa, lo expresó claramente en el memorando interno de la UER de octubre de 1955: «Il faut créer un lien émotionnel entre les peuples européens par-delà les rideaux de fer et les frontières nationales». Es decir, un lazo emocional que soslaya el entonces llamado Telón de Acero, y buscaba cerrar las heridas abiertas por la IIGM en Europa. La que entonces se empezaba a llamar “música ligera” -aparentemente apolítica- era el vehículo perfecto para ocultar esta intención propagandística. Por su apariencia apolítica, su tono alegre y accesible, la musica ligera funcionaba como una herramienta de seducción ideológica, además, servía para extender a través de la televisión -el medio más emblemático de progreso- la imagen de una Europa occidental tecnológicamente avanzada.
Durante las primeras décadas, la ficción de neutralidad apolítica se mantuvo con cierta facilidad: la música de melodías simples y repetitivas, las coreografías coloristas y los presentadores impecables, contribuían a proyectar una imagen de convivencia y modernidad que esquivaba cualquier motivación ideológica. La inclusión de países del Este, como Yugoslavia desde 1961 -una especie puente simbólico entre bloques- reforzaba la ilusión de apertura pan-europea. Incluso Rumanía tanteó su entrada en 1967.
Simultáneamente, la España franquista, el Portugal salazarista o la Grecia de los coroneles, encontraron en Eurovisión un instrumento de soft power doméstico: un recurso de legitimación internacional, una manera de exhibir modernización, consumo juvenil y “normalidad europea”, que hiciese olvidar la represión política interna. Pero ya en 1969, cuando Franco manipuló descaradamente la votación para que Salomé ganara con «Vivo cantando» (empatada con tres países más, pero aun así celebrada como si fuese una victoria española), quedó claro que el festival era un recurso propagandístico usado por el desarrollismo franquista para lavar la cara de la dictadura en Europa. Eurovisión -alineada con el discurso aperturista del ministro Fraga y la estética del mal llamado “ milagro económico español”- servía para proyectar una imagen de país abierto, industrializado, en sintonía con la sociedad de consumo europea. La victoria de Salomé con “Vivo cantando” formaba parte de esta narrativa de éxito franquista, de la España moderna que el régimen quería mostrar al mundo. Pero las denuncias de manipulación en la votación llevadas a cabo por los países nórdicos, evidenciaron por primera vez que Eurovision había dejado de ser un escaparate cultural neutro para convertirse en una operación propagandística del franquismo anticomunista.
En adelante, la tensión entre la apariencia de neutralidad y el uso político explícito se convirtió en el principal rasgo del Concurso. Cada país aprendió que Eurovisión podía servir tanto para redefinir identidades nacionales como para proyectar afinidades ideológicas. El punto de inflexión definitivo llegó con la caída del Muro de Berlín. Durante las décadas anteriores, el certamen había ofrecido una imagen armoniosa de Europa, había sido un escaparate de «reconciliación» occidental: un instrumento propagandístico de unidad cultural frente al bloque comunista. Sin embargo, al desaparecer el enemigo externo -el comunismo soviético- se disolvió también la necesidad de esa fachada integradora. El escenario del festival se transformó, entonces, en una pugna por convertir la representación musical en un campo donde los Estados competían por visibilidad política, prestigio internacional y en ocasiones hasta reivindicación geopolítica. La supuesta y antigua hermandad europea dio paso a estrategias de propaganda nacionalista: uso de símbolos patrios, narrativas históricas palingenesicas y votaciones marcadas por afinidades geopolíticas ajenas a criterios musicales. Durante los años noventa esta deriva se acentuó con la aparición de nuevos Estados procedentes del desmembramiento de la URSS y Yugoslavia.
Veremos este nuevo marco situándolo en tres momentos históricos y tres casos distintos:
El primero en 2008-2009: cuando los efectos de guerra ruso-georgiana se trasladan al festival. Rusia envía a Dima Bilán (2008) y luego, tras la invasión de Osetia del Sur, Georgia responde en 2009 con «We Don’t Wanna Put In», un tema cuyo estribillo era un juego de palabras velado contra Putin. La UER obligó a retirarlo por «contenido político». Fue la primera vez que se admitió oficialmente que existía «contenido político» en Eurovisión.
El segundo momento se produce en 2014-2016, durante la anexión de Crimea y la guerra del Donbás. Ucrania envía en 2016 a la cantante Jamala con «1944», una canción sobre la deportación de los tártaros crimeos por Stalin. El contenido emocional del mensaje y la identidad de Jamala -elegida por ser descendiente de tártaros crimeos- se empleaban para intentar ocultar el mensaje anti ruso. Rusia lógicamente protesta, la UER declara que la canción no violaba las normas del concurso: “no es política», se afirmaba, porque habla de 1944, no de 2014. Las votaciones se prepararon para que ganase Ucrania como finalmente sucedió. Y La reacción rusa fue inmediata. Consideró la votación una maniobra política disfrazada de resultado artístico. Los medios rusos calificaron la victoria ucraniana de “acto de rusofobia cultural” y de manipulación del voto. Consecuentemente Rusia, para evidenciar su protesta, dejó de participar durante años.
El último momento se sitúa entre 2019 y 2024. Es el punto de inflexión definitiva en la historia política del Festival de Eurovisión. En 2019, durante la edición celebrada en Tel Aviv coincidente con la campaña electoral de Netanyahu, que buscaba su reelección en un contexto de desgaste político y acusaciones de corrupción, Netta canta «Toy». Madonna -invitada externa para reactivar el prestigio perdido del certamen- decide actuar con bailarines que llevan banderas palestinas e israelíes en la espalda. El gesto, abiertamente político fue un instante fugaz, inmediatamente censurado por la realización televisiva oficial, que intentó cortar la imagen antes de que cobrara visibilidad. Cinco años después, en 2024, con la genocidio de Gaza en su momento más intenso y ante la avalancha de peticiones para excluir a Israel del certamen —idénticas a las que en 2022 llevaron a la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania- la UER decidió mantener la participación israelí. La decisión reveló una grave contradicción que ya está definitivamente instalada en la opinion pública europea : cuando se trataba de un país con respaldo occidental, la institución apelaba al “carácter no político” del concurso; cuando el agresor- pese a ser europeo- era percibido como enemigo geopolítico de Europa, se aplicaba la exclusión inmediata.
El abuelo del nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, formó parte de la Schutzabteilung, la fuerza paramilitar nazi de las camisas pardas
REVISTA MISIÓN VERDAD
El rastro del Tercer Reich continúa pulcro en Europa. La sangre, el dinero, sus ideas aun palpitan y circulan en el continente que sirvió de cuna al fascismo, cuyo legado recorrió el resto del siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial y sigue latente entre las élites gobernantes actuales del bloque europeo. En el marco del 80 aniversario del Día de la Victoria, que conmemora la derrota del nazismo y el fascismo europeo a manos de la Unión Soviética, esta tendencia se torna más que evidente.
Pero se trata de una certeza oculta, adrede, por parte de las mismas élites europeas que la repiten incansablemente como ciclo político, económico y cultural.
Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945 se inició un proceso simbólico de «desnazificación» en Alemania y otros países que estuvieron bajo el control nazi. Sin embargo, lo que no se menciona tan frecuentemente es que muchas figuras claves del Tercer Reich lograron evitar el castigo por sus crímenes, y que incluso fueron absorbidas por las nuevas estructuras políticas, militares y económicas surgidas en Europa occidental durante la posguerra.
Hoy, 80 años después, existen indicios preocupantes de cómo ciertos elementos ideológicos, redes personales y dinámicas de poder asociadas con el nazismo continúan influyendo en los círculos de poder europeos.
DE BERLÍN A BRUSELAS: RATLINES Y LA INTEGRACIÓN DE CRIMINALES NAZIS
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial miles de criminales de guerra nazis escaparon de la justicia gracias a las llamadas Ratlines («rutas de rata»), vías secretas organizadas principalmente por sectores del Vaticano, servicios de inteligencia occidentales —incluidos los estadounidenses— y redes de la ultraderecha europea.
Las Ratlines permitieron que altos funcionarios nazis, entre ellos miembros de las SS y gestores de los campos de concentración, huyeran hacia las Américas y otros continentes.
Pero no todos escaparon. Muchos permanecieron en Europa y, lejos de ser perseguidos, fueron reclutados por las potencias occidentales para colaborar en la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
La OTAN, fundada en 1949, incorporó a antiguos oficiales de alto rango del ejército alemán (Wehrmacht) e, incluso, a miembros de las SS como Reinhard Gehlen, quien dirigió una red de espionaje alemán contra la Unión Soviética, posteriormente absorbida por Estados Unidos.
Un estudio titulado Nazism, NATO and West-European Integration – Correlation revela cómo exoficiales alemanes fueron reinsertados en puestos neurálgicos dentro de la estructura atlantista. Asimismo, historiadores han documentado casos como el del general Hans Speidel, jefe del Comando Supremo Aliado en Europa (Saceur), quien combatió junto a Erwin Rommel en África y fue rehabilitado por las potencias occidentales.
Esta integración operativa y simbólica marcó el comienzo de una normalización tácita del pasado nazi dentro de las instituciones europeas, con el principal respaldo de Estados Unidos, autodeclarado victorioso de la Segunda Guerra Mundial.
EL CAPITAL DE AYER Y HOY FINANCIÓ AL FÜHRER
Una de las páginas menos conocidas de la historia del nazismo es su estrecha relación con la élite empresarial alemana. Durante los años 1930 grandes conglomerados industriales como Krupp, Thyssen, IG Farben y Siemens no solo financiaron la llegada de Hitler al poder sino que también se beneficiaron enormemente del régimen nazi explotando mano de obra esclava en campos de concentración y lucrándose con la producción del complejo industrial-militar.
Como señala el artículo de Jacobin titulado «Nazi Billionaires: Capitalism Under Hitler«, estas empresas no solo sobrevivieron a la derrota del Reich sino que se convirtieron en pilares del «milagro económico» alemán de la posguerra.
Más aun: esta continuidad económica y política ayudó a moldear el desarrollo del capitalismo europeo contemporáneo estableciendo un modelo profundamente entrelazado con intereses corporativos que ya habían colaborado con el nazismo.
La élite económica alemana actual es directa heredera de los capitalistas colaboradores de los nazis, y algunos de ellos fueron parte de la nomenclatura gubernamental del Tercer Reich.
URSULA VON DER LEYEN, FRIEDRICH MERZ Y LOS FANTASMAS DEL PASADO
Un caso emblemático que ilustra esta persistencia del legado nazi en el establishment actual es el de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea al día de hoy.
Su padre, Ernst Albrecht, estuvo íntimamente vinculado con la administración nazi trabajando en la ocupación de Holanda —actualmente Países Bajos—. A pesar de este oscuro pasado, él no solo logró reinventarse políticamente sino que llegó a ser presidente regional del estado federado de Baja Sajonia, funcionario de la Unión Europea y mentor de Angela Merkel.
Según investigaciones periodísticas, Albrecht no solo evitó cargos por crímenes de guerra sino que recibió el perdón oficial por parte de las autoridades británicas debido a sus supuestas «contribuciones a la reconstrucción europea».
Este ejemplo muestra cómo individuos vinculados con el nazismo pudieron reintegrarse al sistema liberal europeo sin rendir cuentas públicas por su pasado, y contribuyeron a la formación de generaciones posteriores de líderes europeos.
Además, varios documentos históricos indican que el susodicho fue directa e indirectamente responsable de la masacre contra civiles holandeses y participó en decisiones que condujeron a ejecuciones sumarias.
El escritor y editor alemán Peter Kuras, en una nota publicada en 2021en Foreign Policy, escribió tajantemente:
«El árbol genealógico de von der Leyen traza un legado de poder y brutalidad que incorpora no solo a algunos de los nazis más importantes de Alemania sino también a algunos de los mayores traficantes de esclavos de Gran Bretaña y, a través del matrimonio, a algunos de los mayores propietarios de esclavos de Estados Unidos.
Von der Leyen desciende directamente de James Madison, quien poseía más de 200 esclavos cuando estalló la Guerra Civil.
Podría parecer mezquino condenar a alguien por su ascendencia: los pecados del padre, después de todo, no recaerán sobre el hijo o, en este caso, sobre la hija. Pero la propia von der Leyen ha invocado a estos antepasados sin pedir disculpas, sin pensarlo dos veces».
Pero hay más: el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, cuenta con un antepasado directo que formaba parte del Partido Nazi: su abuelo, Josef Paul Sauvigny, se unió a la Schutzabteilung, la fuerza paramilitar nazi de camisas pardas, en julio de 1933, apenas seis meses después de que Hitler se convirtiera en canciller. También fue alcalde de Brilon durante el Tercer Reich, cuando mandó a rebautizar una arteria central de la ciudad con el nombre de Adolf-Hitler-Strasse.
¿Qué implicaciones tiene esto sobre la legitimidad moral de las instituciones actuales? Al parecer ninguna, con la conciencia europea tranquila, incluso apoyando a regímenes con una abierta filiación al nazismo y/o sus ideas prácticas.
EL NUEVO ORDEN DE HITLER Y EL PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA
El denominado Nuevo Orden Europeo (Neuordnung) concebido por Hitler y sus asesores pretendía reestructurar el continente bajo principios de jerarquía racial, dominación económica y centralización política. Aunque grotescamente distorsionado por el racismo y el militarismo, este proyecto compartía rasgos estructurales con el actual diseño de la Unión Europea (UE).
En palabras del eurodiputado británico Gerard Batten, citado por The Independent, el plan original de la UE habría sido inspirado en parte por ideas desarrolladas por burócratas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Si bien esta afirmación puede parecer exagerada, hay evidencia histórica de que ciertas estructuras burocráticas y modelos de integración económica fueron adoptados —y adaptados— por los arquitectos del proyecto europeo tras la guerra.
El Neuordnung buscaba crear un espacio económico común, dominado por Alemania, con instituciones centrales que impondrían normas uniformes a los países conquistados. Hoy la UE también opera con instituciones supranacionales —como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo— que toman decisiones que afectan toda la comunidad, muchas veces sin consulta directa con los ciudadanos.
Además, el país bávaro ha sido durante años el principal líder económico de Europa y ombligo de la toma de decisiones del capitalismo europeo.
En este sentido, aunque los valores y objetivos sean diametralmente opuestos, las formas de organización resultan inquietantemente similares.
Especialmente desde la crisis financiera de 2008, la UE ha adoptado un enfoque burocrático y autoritario que recuerda —aunque en formas distintas— el centralismo germánico del siglo XX.
No se trata de equiparar literalmente ambas realidades sino de interrogarnos sobre qué modelos de poder y jerarquía se repiten históricamente en Europa. Y la tendencia parece clara, como lo escribió el poeta y político anticolonial Aimé Césaire en 1950:
«Quiérase o no, al final del callejón sin salida de Europa, quiero decir de la Europa de Adenauer, de Schuman, de Bidault y de algunos otros, está Hitler. Al final del capitalismo, deseoso de perpetuarse, está Hitler. Al final del humanismo formal y de la renuncia filosófica, está Hitler».
UCRANIA, GEOPOLÍTICA Y EL RETORNO DE LO PROHIBIDO
En el contexto de la guerra en Ucrania y el Dombás, otro aspecto crítico es el apoyo incondicional de las élites europeas a Kiev, que ignoran sistemáticamente la presencia de grupos neonazis y partidarios de la ideología banderista dentro del establishment ucraniano.
Organizaciones como el Batallón Azov, inicialmente paramilitar y con fuerte identidad nazi, han sido integradas oficialmente al ejército ucraniano, mientras que símbolos y discursos provenientes del nacionalismo extremista son celebrados por dirigentes europeos.
Existe una tendencia alarmante en los países bálticos y en Finlandia hacia movimientos ultraconservadores, revisionistas y abiertamente fascistas.
Además, parlamentarios europeos han financiado proyectos educativos y culturales en Ucrania que promueven la ideología de Stepan Bandera, colaborador ucraniano del hitlerismo durante la Operación Barbarroja, y figura venerada por muchos neonazis ucranianos.
Esta contradicción plantea preguntas incómodas para los mismos europeos: ¿Por qué se tolera el uso de símbolos fascistas cuando favorecen los intereses geopolíticos europeos, mientras se condena cualquier manifestación similar en territorio ruso o de otros adversarios?
¿No estamos asistiendo a una doble moral que legitima selectivamente ciertos fascismos en función de su utilidad estratégica?
EUROPA COMO REPETICIÓN ENCUBIERTA
La historia europea del siglo XX nos enseña que los regímenes fascistas no surgen de la nada; están arraigados en estructuras sociales, culturales y económicas que sobreviven a sus líderes. Las élites europeas actuales, tanto políticas como económicas, no pueden lavar su pasado sin enfrentar honestamente las raíces oscuras que aun laten en el corazón del proyecto europeo.
Desde la integración de antiguos nazis en la OTAN hasta las conexiones familiares de figuras claves como Ursula von der Leyen, pasando por las estructuras institucionales que recuerdan al Neuordnung hitleriano, queda claro que el legado del nazismo está muy presente en la Europa contemporánea.
Hoy más que nunca, en un momento de auge fascista en Occidente, y a conveniencia con todo lo que significa el Día de la Victoria, a 80 años de la caída del Tercer Reich, se hace necesario revisar estos legados y romper con aquellas lógicas de poder, exclusión y violencia sistémica que, bajo nuevas formas, siguen determinando el rumbo de Europa. Así lo escribía Césaire, como si estuviera hablando de las élites europeas del siglo XXI, para concluir:
«Sí, valdría la pena estudiar, clínicamente, con detalle, las formas de actuar de Hitler y del hitlerismo, y revelarle al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX que lleva consigo un Hitler y que lo ignora, que Hitler lo habita, que Hitler es su demonio, que, si lo vitupera, es por falta de lógica, y que en el fondo lo que no le perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí sino el crimen contra el hombre blanco, es la humillación del hombre blanco, y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes de Argelia, a los coolies de la India y a los negros de África».
Por Albert Noguera
Jurista y politólogo
La semana pasada, la Comisión europea anunció, tras la presión de Ryanair, la apertura de un expediente sancionador contra España por las multas impuestas a esta compañía junto a Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar el equipaje de mano. La Ley española de Navegación Aérea, prohíbe a las aerolíneas aplicar recargos por el equipaje de mano, considerando abusivo cualquier suplemento por llevar maletas pequeñas en cabina. La reacción de la UE contra esta medida no constituye un episodio aislado, sino parte de una segunda ola de desmontaje de las ya reducidas cuotas de soberanía estatal, orientada a consolidar la subordinación definitiva de los poderes públicos nacionales al capital transnacional.
Este episodio permite observar cómo la noción misma de soberanía se ha ido transformando a la luz del conflicto entre la integración europea y la autonomía de los Estados miembros. La relación entre la UE y la soberanía estatal puede describirse como una interdependencia conflictiva, en la que ambas instancias interactúan recíprocamente forzándose a procesos de adaptación mutua. Sin embargo, esta dinámica no se desarrolla en condiciones de equilibrio, sino de asimetría, pues la acción de la UE impulsa una adaptación reactiva y regresiva de la soberanía estatal. Así, en una primera ola de desmontaje, la soberanía de los Estados pasó de lo que aquí llamaremos una "soberanía de la dirección" a una “soberanía de control”. Ahora, en esta segunda ola, de la que el expediente abierto contra España y otros procesos análogos que están teniendo lugar los últimos años son expresión, la UE avanza en la desarticulación de esa "soberanía de control", desplazando a los Estados hacia una mera "soberanía de administración" o soberanía cero. Explico esto.
1. El desmontaje de la "soberanía de dirección" (1º ola). Hasta la década de 1980, la noción de soberanía se definía en el marco de gobiernos que operaban bajo el paradigma de la dirección. Este concebía el gobierno de la sociedad como un proceso de planificación jerárquica ejercida desde el Estado, que actuaba como instancia exclusiva de decisión en el territorio nacional. Ser soberano equivalía a no depender ni estar sometido a otros poderes. La soberanía era aquí expansiva o proactiva.
La erosión de esta soberanía de dirección comenzó a materializarse con la consolidación del proceso de integración europea, a medida que las competencias comunitarias en materia económica se ampliaban. La imposibilidad de mantener un ámbito social plenamente estatal paralelo al avance del mercado interior, generó tensiones crecientes entre las políticas sociales nacionales y los objetivos económicos de la integración comunitaria. La extensión de las libertades de circulación y la aplicación de las normas de competencia invadieron progresivamente los espacios de decisión social de los Estados miembros, subordinando sus ordenamientos jurídicos y políticas públicas a la lógica del mercado. Esta subordinación de lo social a lo económico se profundizó con la creación de la Unión Económica y Monetaria tras el Tratado de Maastricht, donde los criterios de convergencia, especialmente los relativos al déficit público, impusieron restricciones severas a la capacidad de decisión política de los Estados para desarrollar políticas sociales autónomas. Con ello, los Estados pasaron a formar parte de una gobernanza económica supranacional articulada a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y reforzada por tratados y reglamentos europeos posteriores (el Two pack, el Six-pack, etc.). Tras la crisis financiera de 2008, esta dinámica se reforzó con medidas de control financiero y supervisión presupuestaria mucho más estrictas, incluyendo la obligación de elaborar planes de estabilidad, evaluaciones periódicas de los programas nacionales y la imposición de recomendaciones correctivas para asegurar la disciplina fiscal y la sostenibilidad económica de los Estados miembros.
2. El desmontaje de la "soberanía de control" (2º ola). La pérdida de la soberanía de la dirección dio lugar a un nuevo régimen de ejercicio del poder, el paradigma de la gobernanza. En este marco, el gobierno de la sociedad dejó de operar bajo una lógica vertical y jerárquica, y pasó a articularse a través de dinámicas de coordinación, interacción y negociación entre una multiplicidad de actores públicos y privados. Los gobiernos nacionales ya no actúan como instancias exclusivas de decisión, sino como nodos dentro de un entramado en el que confluyen instituciones internacionales, empresas transnacionales, conglomerados financieros, redes regulatorias regionales y globales, etc. Este tránsito hacia la gobernanza ha venido acompañado de una verdadera explosión normativa. La multiplicación de actores con capacidad regulatoria ha generado una hiperregulación fragmentada, sectorial y multinivel, expresada en cientos de disposiciones técnicas, nacionales e internacionales, públicas y privadas, cuya magnitud y velocidad de transformación resultan imposibles de asimilar por un Estado concebido como único emisor centralizado del Derecho.
En este nuevo contexto, el Estado se vio forzado a redefinir su rol. Este reconoce la existencia de un sistema normativo global que lo excede, tanto en complejidad como en velocidad de emisión de normas y transformación de las mismas, y asume que su tarea principal ya no es producir de forma integral el Derecho aplicable en su territorio, sino intentar condicionar ese sistema mediante herramientas normativas que supervisen, limiten y corrijan las acciones de las múltiples fuentes de regulación que lo desbordan, con el fin de evitar los efectos negativos de la vorágine normativa global sobre los derechos de sus ciudadanos. Así, su papel pasa a ser ahora el de intentar regular la hiper- y auto-regulación del mercado mediante normas-policía y controles públicos que fijen inspecciones, autorizaciones o sanciones administrativas. Con ello, la soberanía estatal no desaparece, pero se redefine en forma de capacidad estratégica de poner límites al capital y a las normativas transnacionales, actuando ya no como una “soberanía de la dirección” expansiva o proactiva sino como una “soberanía de control” reactiva o una soberanía-policía para la garantía de derechos y el interés general frente a la lógica expansiva y autorregulada del mercado global.
Pues bien, es contra esta soberanía de control reactiva y con el objetivo de desmontarla, que durante los últimos años la UE está lanzando una nueva ofensiva a través de la apertura de procedimiento de infracción y de sentencias del TJUE que están anulando de forma sistemática las normativas de distintos países que imponen restricciones y tutelas a empresas o plataformas transnacionales como Airbnb, Google, Amazon, Expedia, Star Taxi, etc., bajo el argumento de que vulneran la libertad de prestación de servicios y el principio de proporcionalidad. Así ha ocurrido en recientes casos ante el TJUE como los asuntos Star Taxi App (C-62/19), Airbnb Ireland UC (C-662/22), Expedia Inc. (C-663/22), Eg Vacation Rentals Ireland Ltd (664/22), Amazon Services Europe Sàrl (C-667/22), y un largo etc., al que posiblemente se le podría sumar el caso de Ryanair contra España.
El resultado de todos ellos es el mismo, la voluntad de reducir la soberanía estatal a un papel meramente administrativo. La vieja soberanía proactiva de la dirección fue, en una primera ola, degradada a una soberanía reactiva de control. Y hoy, en una segunda ola, se pretende restringir a una “soberanía de administración”, en la que el Estado ya no dirige ni controla, sino que se limita a gestionar los márgenes de un orden normativo y económico impuesto por el capital trasnacional. Esta es la última vuelta de tuerca de un régimen, el de la UE, que desde sus inicios se ha conformado como una instancia al servicio del capital y no de la gente. La imagen del dueño de Ryanair, Michael O’Leary, en rueda de prensa riéndose y haciendo burla pública del ministro español de derechos sociales y consumo, ilustra con crudeza a un capital que opera, hoy, con la confianza absoluta de que la arquitectura institucional europea existe para garantizar sus intereses por encima de la voluntad de los gobiernos y los ciudadanos.
El fondo estadounidense BlackRock está llevando a cabo una ‘colonización financiera’ en Europa y actúa como una especie de ‘estado corporativo en la sombra’.
Por Sergio Meneses | 13/08/2025
En los últimos años, el fondo de inversión estadounidense BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha duplicado su cuota de mercado en Europa, consolidándose como un actor dominante en la economía del viejo continente. Con una estrategia agresiva de adquisición e inversión, BlackRock está tomando posiciones significativas en empresas clave de diversos sectores, desde la industria farmacéutica hasta la armamentística, pasando por la tecnología y la energía.
