Daniel Ruiz Bracamonte
teleSUR
Tras la fachada de promover la “libertad de prensa», la USAID invirtió miles de millones de dólares por más de dos décadas en ONG y medios afines, moldeando narrativas pro estadounidenses en regiones estratégicas.
En su artículo «Press Freedom Under Threat» (2023), revelado por el sitio Wikileaks, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) despliega un relato heroico en «aparente» lucha contra la censura y su apoyo a medios clasificados como «independientes» como garantes de la democracia. Sin embargo, detrás de este altruismo, ahora se descubre toda una estrategia sofisticada de injerencia en el ecosistema mediático mundial.
Según el informe de la USAID se destinaron $3.200 millones desde 2010 a programas de «fortalecimiento mediático» en 70 países, con énfasis en regiones estratégicas como Europa del Este, América Latina y África. Estos fondos, canalizados a través de ONG como Internews, International Center for Journalists (ICFJ) o Freedom House, se justifican como defensa contra «regímenes autoritarios».
En los criterios de selección de beneficiarios solo reciben apoyo organizaciones que alinean su agenda con prioridades de política exterior estadounidense. Un ejemplo ilustrativo, entre miles, ocurrió en Nicaragua cuando el medio «Confidencial» —financiado por USAID y la NED— fue clave en la cobertura de las protestas de 2018, promoviendo un relato alineado con la narrativa de «cambio de régimen» impulsada por Washington. Mientras, medios críticos con la oposición violenta y apegados a la realidad de los hechos, fueron excluidos posteriormente de programas de capacitación y subsidios.
El caso de los «periodistas fellows»
El documento filtrado refleja como la USAID presume de formar a 12.000 periodistas al año en «estándares éticos y técnicas innovadoras». No obstante, estos programas priorizan la enseñanza de herramientas digitales vinculadas a plataformas estadounidenses (Google, Meta) y enfoques editoriales que refuerzan la visión occidental de derechos humanos, seguridad y democracia.
En Ucrania, el proyecto Media Deep Dive (2021-2023), con $15 millones de USAID, entrenó a periodistas en «desmentir propaganda rusa». Si bien esto parece legítimo en contexto de guerra, el programa excluyó a medios que cuestionan el historial de corrupción del gobierno ucraniano o el rol de empresas militares estadounidenses en el conflicto.
Con $268 millones congelados por la administración Trump en 2020 —y restablecidos bajo Biden—, medios locales y periodistas entrenados por USAID se alinearon con la narrativa prooccidental, especialmente tras la Operación Especial de Rusia. Desde entonces el 90% de la información procedente de Ucrania está influenciada por este esquema.
El informe de USAID filtrado también señala una presunta «represión» a periodistas en China, Rusia o Venezuela, pero omite su silencio cómplice ante abusos de aliados como Arabia Saudita, Israel o Colombia. Peor aún, organizaciones financiadas por USAID suelen evitar investigar temas sensibles para Estados Unidos, como, por ejemplo, el impacto de bases militares en Okinawa (Japón) Guantánamo (Cuba) o la extracción de litio en Argentina por empresas norteamericanas.
Es emblemático el rol de los medios que funcionan como ONG mediáticas, denominados también como alternativos que están asociados a proyectos de USAID. También las ONG que, bajo el paraguas de la lucha ambientalista, por los derechos indígenas, incluso deportivos, reciben los fondos para su funcionamiento y que en muchos de los casos son vitales para su funcionamiento.
En este sentido, la USAID afirma promover «medios diversos», pero su modelo margina proyectos comunitarios, indígenas o anticapitalistas que rechazan su financiamiento por principios. En Bolivia, el medio Red Patria Nueva perdió visibilidad al negarse a participar en talleres de USAID, mientras competidores «capacitados» por IREX acapararon espacios públicos. Una estrategia similar está dirigida hacia Venezuela.
Cuando el financiador dicta la noticia
La reciente revelación de la inyección de millones de dólares a medios como POLÍTICO, Associated Press (AP) y la BBC —bajo el paraguas de USAID— muestra el sistema de influencia mediática de alcance global de Washington. Según documentos filtrados por WikiLeaks y un análisis publicado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), detalla que USAID financia a más de 6.200 periodistas en 707 medios y 279 ONG «mediáticas» en más de 30 países. Estas cifras, extraídas de una hoja informativa retirada por USAID en 2023, revelan un alcance masivo.
El presupuesto asignado por el Congreso para 2025 —$268.3 millones destinados a «medios independientes»— pone el foco en la prioridad geopolítica estadounidense en moldear narrativas en zonas estratégicas. Sin embargo, como señala el Columbia Journalism Review, este modelo no fortalece el periodismo, sino que lo somete a una lógica de dependencia.
El caso de POLÍTICO fue escalando en los medios estadounidenses. Según USASPENDING.gov, este medio recibió millones de dólares de agencias estadounidenses durante los años de Biden. Su cobertura durante las elecciones de 2020 —incluyendo el polémico artículo de los «51 oficiales de inteligencia» que desacredita el escándalo de la laptop de Hunter Biden— fue señalada como propaganda partidista.
Pero el escándalo mayor estalló en 2021 cuando POLÍTICO fue vendida al conglomerado alemán Axel Springer por $1.000 millones, usando fondos de contribuyentes estadounidenses para apuntalar su expansión. Como denuncia ZeroHedge, el dinero público terminó financiando un «gigante mediático extranjero», cuyos intereses editoriales «priorizan agendas transatlánticas».
La BBC del Reino Unido y el New York Times también aparecen en la lista de beneficiarios. La primera recibió $3.2 millones, y la segunda $3.1 millones de fondos federales, según datos oficiales.
RSF advierte que la dependencia de la ayuda estadounidense ha «sumido en el caos al periodismo global». Medios críticos que rechazan estos fondos —por temor a perder autonomía— enfrentan asfixia económica, y muchos han sido atacados por los propios medios financiados por USAID, acusándolos de «desinformación» o «propaganda».
Ejemplo paradigmático es el de medios latinoamericanos como TeleSUR, señalados por POLITICO y AP como «voceros de regímenes autoritarios», mientras sus contrapartes financiadas por USAID gozan de etiquetas como «medios independientes verificados». La línea entre periodismo y activismo se difumina cuando el dinero define quién tiene voz.
El rol de la USAID en el ecosistema mediático latinoamericano
Retomando el concepto de «manufactura del consenso» acuñado por Noam Chomsky y Edward Herman, un artículo de NACLA argumenta que, durante el siglo XX, agencias estadounidenses como la CIA financiaron periódicos, radios y televisoras para promover narrativas anticomunistas y respaldar regímenes aliados. En la actualidad, señala el texto, esta estrategia se ha sofisticado: bajo el discurso de promover la «libertad de prensa» y la «sociedad civil», organismos como la USAID y la National Endowment for Democracy (NED) canalizan recursos a medios digitales y periodistas independientes que, conscientemente o no, replican marcos discursivos alineados con la política exterior estadounidense.
Al menos 30 medios digitales y organizaciones periodísticas en países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y México son beneficiarios directos de fondos de USAID entre 2020 y 2024. Estas asignaciones de miles de millones, se justifican bajo el paraguas de «fortalecer la democracia» y «promover la libertad de prensa». No obstante, los recursos están concentrados en entidades que priorizan coberturas alineadas con narrativas críticas hacia gobiernos considerados adversarios de Washington, como los de Venezuela y Nicaragua.
En Venezuela, al menos una decena de medios, y en el exterior —como NTN24 Venezuela, Caraota Digital y VivoPlay— operan desde Colombia, España o Estados Unidos con financiamiento de USAID. Según los datos, los millonarios aportes son destinados principalmente a reportajes sobre la «crisis humanitaria» y la supuesta «represión política», pero con escaso enfoque en las consecuencias de las sanciones económicas de EE.UU.
Durante su programa a inicio de septiembre de 2024, el presidente venezolano Nicolás Maduro desató una polémica al exhibir un cartel con los logos de medios digitales como Tal Cual, El Pitazo, Efecto Cocuyo, Armando Info, El Estímulo y Analítica, acusándolos de operar como herramientas de injerencia extranjera. «Son portales fundados y financiados por la USAID, posicionados para imponer su realidad paralela», afirmó Maduro en diálogo con el Embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.
El cartel mostrado incluía además a Armando Info, especializado en datos, y Analítica, una especie de think tank que publica análisis políticos. Ambos reciben subvenciones de la NED bajo la etiqueta de «innovación democrática». Según el informe, estas organizaciones canalizaron cientos de miles de dólares para «estudios sobre gobernabilidad», cuyos resultados son citados frecuentemente por congresistas estadounidenses para justificar nuevas sanciones contra Venezuela.