Castro Laboreiro. Ep. 1 - "Inverneiras"
Este episódio leva-nos numa viagem a alguns dos costumes ancestrais das gentes de Castro Laboreiro. Contam-se estórias de outros tempos...
Castro laboreiro. Ep. 3 - "Brandas"
Castro Laboreiro. Ep. 1 - "Inverneiras"
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Castro laboreiro. Ep. 3 - "Brandas"
El Estado español es, según los datos oficiales, uno de los países más seguros de su entorno en cuanto a los delitos. En 2023, la tasa de criminalidad se situó en 50,9 delitos por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del Reino Unido (79,5), Bélgica (74,8) o Alemania (60,7). En 2024, la tasa convencional cayó a 41, el mínimo histórico, y en el primer semestre de 2025 se mantuvo en 40,6. La tasa de homicidios es de 0,61 por cada 100.000 habitantes, frente a 1 en el Reino Unido, 1,14 en Francia o 6 en Estados Unidos. Sin embargo, esta baja criminalidad general contrasta con el volumen de delitos cometidos por quienes dicen tener la misión de perseguirlos. El fanzine SinPoli recopila datos de Civio y del Portal de Transparencia que demuestran que los policías son, incluso con el sesgo policial y judicial que tienen a su favor, el cuerpo de funcionarios con mayor número de condenados por delitos graves en el país.
La comparación directa entre la tasa de condenas policiales y la de la población general pone de manifiesto un sesgo estructural que facilita la impunidad policial. Según los datos recogidos en el fanzine, anualmente 1,87 de cada 1.000 guardias civiles son condenados por procedimientos penales, una cifra tres veces inferior a la de la población española, que se sitúa en 5,78 por cada 1.000. Es decir, a pesar de que la policía es un cuerpo armado, con acceso a información sensible, con facultad de usar la fuerza, su tasa de condenas es notablemente más baja que la del resto de la ciudadanía. Pero esto no demuestra que los policías delinquen menos, al contrario, esta diferencia solo evidencia el “enorme manto de encubrimiento que ejerce la cultura corporativa, los poderes ejecutivo y judicial y el ecosistema mediático”, según denuncia la publicación.
De hecho, la gravedad de los delitos policiales que sí llegan a juicio y se condenan desmonta el mito del “cuerpo profesional y ejemplar”. Desde 1996, más de 500 funcionarios públicos han perdido su plaza por una condena firme; de ellos, 201 eran policías (sin contar autonómicos ni Guardia Civil). Las condenas incluyen 28 por detención ilegal o secuestro, 28 por tráfico de drogas, 13 por homicidio, 4 por agresión sexual, junto con 29 condenados por tortura en 2023.
En consecuencia, no es que los delitos cometidos por policías se sitúen de forma puntual y ligera por encima de otras profesiones, sino que son muy superiores en comparación: por homicidio, solo dos trabajadores de la educación y cero del resto de categorías perdieron su plaza; por agresión sexual, solo un trabajador de servicios postales fue condenado. A esto se suman las “muertes” bajo custodia, que casi nunca terminan en condenas firmes: al menos 162 personas “fallecieron” en intervenciones policiales entre 2015 y 2022, y 148 entre 2020 y 2025, la mayoría clasificadas oficialmente como “causas naturales” o “suicidios”, una categorización vaga que impide esclarecer responsabilidades.
A esto se suma el narcotráfico como una característica estructural interna: el Ministerio del Interior contabilizó al menos 106 policías detenidos o investigados por delitos relacionados con la droga entre 2021 y 2025, marcando una media de un guardia civil y un policía nacional detenidos al mes por este tipo de delitos. Al menos cuatro de las diez mayores incautaciones de cocaína de la historia del Estado cuentan con agentes implicados. El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, vinculado a la mayor trama de narcotráfico conocida, declaró abiertamente ante la Audiencia Nacional que la UDYCO “fabrica informes falsos” de manera sistemática para ocultar a los jueces el origen de sus investigaciones y proteger a algunos narcos de forma selectiva.
Estas mafias narcopoliciales atraviesan toda la cadena de mando: desde agentes rasos, pasando por mandos intermedios y hasta altos rangos, como el teniente coronel David Oliva en el Estrecho, el jefe de Estupefacientes de Valladolid, Luis Fernández Rafael, el subteniente responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia (Castilla y León) Miguel Ángel Barbero, procesado por segunda vez por los mismos delitos de narcotráfico, o el teniente general de la Guardia Civil condenado en el “caso cuarteles”. Estos son tan solo algunos de los policías de primer nivel detenidos recientemente por proteger o distribuir la droga que decían perseguir. Cuanto más se retrotrae el historial, más larga es la lista.
La violencia machista policial e institucional, que supone una categoría específica y especialmente grave de la violencia machista, es otra de las caras de esta impunidad sistemática. Recientemente, una decena de policías locales, en Santander (Cantabria) y Granada (Andalucía), han sido procesados por usar el sistema VioGén para rebajar el nivel de riesgo de víctimas o filtrar sus datos a sus agresores. En un orden de cosas similar, el Tribunal de Estrasburgo resolvió que la Policía Nacional española manipuló pruebas de dos violaciones en Iruñea (Nafarroa) de dos mujeres que fueron violadas mediante sumisión química por dos hombres, uno de ellos, familiar de un agente de policía. Las pruebas “desaparecieron” y el TEDH ha detectado irregularidades en la investigación.
En Melilla, dos agentes de la Policía Nacional fueron condenados en una sola semana por agresiones sexuales a menores: uno a nueve años y medio por violar a una joven de 17 años y otro a cinco por abusar de la hija de su expareja desde los 7 años. La recopilación de casos de 2026 revela que los guardias civiles han sido hasta 18,5 veces más proclives a asesinar a sus parejas que el resto de la población masculina, copando por momentos el 5,41% de los feminicidios siendo solo el 0,30% de la población. Tanto en los meses de verano de 2023 como de 2024, una sexta parte de los feminicidios en el Estado español se produjeron a manos de policías en activo o retirados. La opacidad institucional y los “fallos” en la protección de las víctimas, como el caso de Laura Cruz asesinada en el cuartel de Llanes por su expareja, también agente, demuestran que el aparato policial no solo no protege a las mujeres, sino que actúa como un poder paralelo que las expone a situaciones de violencia. El exjefe de la Policía Nacional denunciado por violación se jubiló con un sobresueldo vitalicio del 20% por sus medallas, después de que dimitiera tras la denuncia de una subordinada. Otras mujeres policía estudiaron sumarse a la misma denuncia. A todo esto se añade la impunidad a posteriori en los juicios, como ilustra el caso del policía nacional que se libró de entrar en prisión tras abusar sexualmente de una niña de 14 años. El Alto Tribunal andaluz lo condenó a año y medio de cárcel y mantuvo su placa y su condición de funcionario en activo.
A pesar de este historial, el Estado sigue apostando por seguir inflando los cuerpos policiales con efectivos y presupuestos en detrimento de las sociales. El Estado español cuenta con una tasa de 500 a 520 agentes por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media europea (341), y su gasto en policía representa el 1,2% del PIB, frente al 0,9% de la UE, duplicando la inversión de los países nórdicos. Mientras tanto, el gasto en educación se sitúa en el 4,6% del PIB (frente al 5,9% europeo) y faltan 95.000 enfermeras para alcanzar la media. Además, lo más paradójico es que esta prioridad presupuestaria policial no se traduce en menos delitos, sino en más control, represión e impunidad policial: en Vigo, al menos 300 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales compartieron durante seis años datos restringidos de cientos de personas (fichas de la DGT, antecedentes y capturas) en el grupo de Telegram «Alerta Policial Pontevedra», con la connivencia de los mandos. Los datos demuestran que aumentar el número de agentes solo incrementa las detenciones, los registros de infracciones y los medios que disponen los cuerpos policiales para ejercer la represión tanto de forma legal como ilegal, no la seguridad real, que se mantiene en niveles relativamente estables.
Por otro lado, los datos también desmontan la pretensión de presentar a la policía como si fuese un cuerpo “neutral”: casi el 50% de sus efectivos vota a Vox y el 80% a la derecha o extrema derecha, una ideología que, recuerda SinPoli, coincide con su función de proteger el orden capitalista y racista, mientras sus propios delitos quedan impunes bajo el manto del uniforme.
Et si les chiens militaires de demain étaient génétiquement modifiés ? C'est le pari de Warhound ("chien de guerre", en français), une start-up américaine qui souhaite développer des "super chiens" destinés à accompagner les militaires sur les champs de bataille. Fondée par Ben Lamm, cofondateur de Colossal Biosciences, connue pour ses projets visant à faire renaître des espèces disparues, et Palmer Luckey, patron de la start-up de défense Anduril, Warhound a déjà levé 200 millions de dollars, a annoncé l'entreprise le 23 octobre(Nouvelle fenêtre). Parmi ses investisseurs figure notamment In-Q-Tel, un fonds d'investissement crée et piloté par la CIA, spécialisé dans les technologies utiles au renseignement et à la sécurité nationale.
Pour concrétiser son ambition, Warhound prévoit de sélectionner les meilleurs chiens militaires et policiers pour prélever leurs cellules et les congeler. Cette méthode permettra de les cloner, mais aussi de modifier leur patrimoine génétique. Ben Lamm a expliqué dans The Wall Street Journal(Nouvelle fenêtre) que cette technique pourrait permettre d'éliminer les allèles délétères, c'est-à-dire les variations génétiques susceptibles de provoquer des maladies ou des malformations. A terme, la société souhaite également améliorer les performances physiques des animaux comme leur vitesse, leur odorat, leur agilité et leur longévité.
Warhound a débuté ses expérimentations avec des bergers belges malinois et des bergers allemands, avant d'envisager d'intégrer des labradors et d'autres races de chien. Les premières naissances de chiots issus de ce programme, mené au Texas, sont attendues dès le premier trimestre 2027. "C'est le futur de la science-fiction qui nous avait été promis", a déclaré Ben Lamm à Forbes(Nouvelle fenêtre).
La transformation ne sera pas uniquement biologique. Anduril doit également fournir des équipements technologiques de pointe pour accompagner ces animaux sur le terrain. Les chiens seront équipés de la technologie EagleEye(Nouvelle fenêtre) lancée par l'entreprise en 2025. Ce sont des systèmes modulaires dotés d'intelligence artificielle qui se présentent sous la forme de lunettes, de casques ou de visières. Initialement conçus pour les soldats, ils visent à améliorer la perception de l'environnement. A cela s'ajouteront des protections balistiques, auditives et oculaires.
Derrière ce programme, se trouve également un enjeu stratégique. Aujourd'hui, entre 80% et 90% des chiens militaires utilisés par l'armée américaine sont importés d'Europe. Cette dépendance inquiète les autorités américaines, d'autant que cette chaîne d'approvisionnement est en déclin. Warhound entend donc rapatrier les activités d'élevage et de clonage aux Etats-Unis. La start-up souligne également les difficultés du recrutement : après environ trois ans d'acquisition et de formation, moins de la moitié des chiens sélectionnés seraient finalement déclarés aptes au service. "Cela signifie que les Etats-Unis doivent aujourd'hui recruter et former environ 200 chiens pour pouvoir en déployer 100 demain", déplore l'entreprise dans un communiqué(Nouvelle fenêtre).
Le projet de Warhound suscite toutefois une vive controverse. Le clonage animal, la manipulation génétique et la transformation d'animaux en outils de combat interrogent sur le bien-être des chiens et sur les limites à ne pas franchir dans l'utilisation des biotechnologies.
Face aux critiques, Palmer Luckey a défendu son projet sur X(Nouvelle fenêtre) : "A quelle partie vous opposez-vous exactement ? Aux protections auditives ? Aux lunettes de protection ? Au gilet pare-balles ? Ou aux modifications génétiques qui réduisent le risque de cancers et de problèmes articulaires ?" En conclusion, le milliardaire a mis en avant le soutien de l'American Humane Society, une organisation de protection animale chargée de certifier les programmes de formation des animaux.
En France, le projet est accueilli avec beaucoup de circonspection. Dans Le Parisien(Nouvelle fenêtre), le colonel Régis Vantajol, chef de corps du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, dans la Marne, a rappelé qu'une telle démarche n'était pas à l'ordre du jour au sein de l'armée française. Le clonage étant illégal en France, l'accent reste mis sur l'entraînement et surtout sur la relation de confiance entre le maître et son chien.
La conducta errática del presidente estadounidense podría ocultar una coherencia, consistente en una formidable recuperación del control de la economía por parte del Estado, aunque dirigida por banqueros de inversión. Donald Trump persigue la misma estrategia que su predecesor: organizar la soberanía de Estados Unidos frente a China en los sectores críticos de la defensa y la inteligencia artificial.
Cuando se trata de Donald Trump, es fácil confundir los aspavientos con la sustancia. Los primeros —insultos, caprichos arancelarios, tráfico de criptomonedas, melodramas ministeriales, crueldades calibradas para las cámaras— captan toda la atención en la pista del circo. Lo segundo se manifiesta en dólares. Es el importe del presupuesto de defensa más grande en la historia de Estados Unidos en valor nominal (cercano, en valor real, al pico anual alcanzado cuando el país luchaba contra la Alemania nazi y el imperio japonés): un billón y medio. Para reunir esa suma de dinero es necesaria toda la elegancia aritmética de un hombre que no duda en sablear hasta a sus propios hijos, es decir, en recortar los servicios públicos que los alimentan, los escolarizan y los curan.
Este presupuesto está llamado a financiar la transformación estructural del Estado norteamericano, de su economía y del lugar que ocupa en el orden mundial. La república se quita la máscara del libre mercado, aunque la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por su acrónimo en inglés), el fondo de inversiones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) In-Q-Tel, los laboratorios nacionales y otros instrumentos del “Estado desarrollista oculto”, como lo bautizó el economista Fred Block (1), existen desde hace tiempo. Sin embargo, ahora ya a plena luz del día, Washington selecciona ciertos sectores de actividad, fija precios, adquiere participaciones de empresas privadas y condiciona su ayuda internacional a la lealtad política de los beneficiarios. El vocabulario de la Guerra Fría y el del periodo inmediatamente posterior a la caída del Muro ya no interesan. “Keynesianismo militar” significaba impulsar la demanda agregada aumentando el gasto en defensa; el “neoliberalismo militar” trataba de alcanzar los mismos objetivos, pero pasando por proveedores privados y cadenas logísticas desreguladas. A lo que asistimos hoy en día no es tanto a una cuestión de presupuestos como de asignación de fondos; se trata de decidir qué empresas pueden mantenerse, con qué precios, con qué inputs, en qué sectores. La guerra que se está preparando será más económica que física; tendrá como campos de batalla las cadenas de suministro, los cuellos de botella y los balances contables.
Detrás de todo esto está, por supuesto, el miedo a China y a la tecnología que ha metido en cintura a todas las demás prioridades: la inteligencia artificial (IA). Ninguno de los problemas subyacentes es nuevo. Los planificadores del Pentágono y los analistas de la Rand Corporation hablan de minerales, chips, cables, estrechos y reactores desde hace décadas. Hasta ahora, los administradores asentían educadamente y cambiaban de tema de conversación. La particularidad de la IA es que aúna todas estas cuestiones en un relato único en el que perder ventaja significa izar la bandera blanca.
La historia empieza en 2016-2017, cuando un pequeño grupo de “halcones” obsesionados con China, entre ellos Peter Thiel, la única personalidad de Silicon Valley que apoyaba a Donald Trump en aquella época, decretó que Estados Unidos tiene que bloquear a cualquier precio los avances de Pekín en materia de tecnología móvil, 5G y microchips. El veto contra Huawei en 2019 sirvió como banco de pruebas. La alternancia política no supuso ningún cambio. Al contrario, Joseph Biden afinó el proceso con la creación de nuevos estratos administrativos sofisticados que determinan qué país puede comprar qué tecnología estadounidense. Su Administración amplió las restricciones a las exportaciones más allá de los propios chips para incluir también las máquinas que imprimen los circuitos, los programas de automatización de diseño electrónico (EDA, por sus siglas en inglés), los chips de memoria avanzada, las biotecnologías, las infraestructuras de informática cuántica y muchas otras cosas. Convertida en una especie de producto de primera necesidad del que ningún país piensa poder prescindir, la IA hace que suban las apuestas y Estados Unidos tiene el dedo en el interruptor.

El segundo mandato de Trump ha consolidado esta herencia bipartidista centralizando las operaciones. Aposentado sobre una montaña de dinero en efectivo que gasta más o menos como le viene en gana, el Pentágono dirige ahora la planificación. Su pantagruélico presupuesto supone sobre todo un problema de personal: encontrar a personas capaces de tomar decisiones de nueve cifras y que estén más cómodas “desplegando” capitales que tropas. Hoy en día, esta tarea ya no recae en un departamento de recursos humanos relegado al sótano, sino en cazatalentos que facturan por hora y saben mostrarse persuasivos. De ser cierto lo que aparece en una oferta de empleo preparada por uno de ellos (y filtrada a la prensa) (2), el Pentágono quiere formar un equipo de treinta personas encargadas de invertir hasta 200.000 millones de dólares en tres años. Los emolumentos prometidos van de 300.000 dólares para los empleados a 600.000 dólares para los subcontratados a través de otros organismos. También se ofrece a los aspirantes un “acceso sin igual” a los altos cargos de la Administración y a redes en las que conseguir financiación que incluyen fortunas de la realeza, garantía de jugosas “oportunidades de salida”.
Esta prosa seductora se redacta en nombre de la Economic Defense Unit (La EDU formará un tándem con la Office of Strategic Capital (OSC), un organismo de préstamos que nació en la era Biden y que Feinberg convirtió en un fondo de inversiones que invierte dinero público en minerales, cables submarinos, drones o satélites. El primer gran contrato cerrado por esta entidad permite comprender mejor cómo circula el dinero. El fondo 1789 Capital, que cuenta con el primogénito del presidente estadounidense entre sus asociados, entró en el capital de Vulcan Elements tres meses antes de que esta empresa obtuviera un préstamo de 620 millones de dólares de la OSC, el más alto en la historia de la agencia. La ejecución del acuerdo se pudo agilizar gracias a la exención de la necesidad de efectuar un estudio técnico-económico, según un decreto presidencial de marzo de 2025 que aligera las condiciones de aprobación para los proyectos relacionados con los minerales críticos. La inversión es de lo más estratégica, puesto que Vulcan fabrica los imanes de tierras raras que el Pentágono necesita desesperadamente para construir sus aviones F-35 y enfriar sus centros de datos de IA y que están prácticamente monopolizados por China.

Lejos de ser una anomalía, el trato con Vulcan es más bien un prototipo, y los hombres que cocinan los siguientes acuerdos no se esfuerzan por disimularlo. Aquí es donde entra en escena el jefe de la EDU, Georges Kollitides II, que también pasó por Cerberus y supervisó el devenir de Remington durante las turbulencias tras la compra. Convertido en el principal consejero del Pentágono en materia de competencia económica, puso el dedo en la llaga durante la conferencia anual del Milken Institute a principios de mayo (4). Tras treinta años de “dominio chino en la guerra económica”, explicó, la reacción tiene que organizarse según una doctrina en dos movimientos: 1) “reparar”, es decir, relocalizar los minerales críticos, su transformación intermediaria y su metalización; 2) “romper”, es decir, atacar la base industrial de los adversarios para impedir que desarrollen unas capacidades que Estados Unidos trata, con retraso, de recuperar. Y, se trate de reparar o de romper, el equipo de la EDU sabe cómo hacerlo, dado que todos sus miembros vienen “del capital-riesgo y de las compras apalancadas”.
Gracias a su diagnóstico de la economía estadounidense post-1991, Kollitides se convierte por un momento, casi involuntariamente, en alguien interesante. Tanto la fuga de capitales en busca de normativas más flexibles y mano de obra más barata como los sinsabores de los “dividendos de la paz” prometidos por el presidente George Bush padre o la fuerza industrial exprimida hasta la última gota para financiar el bum del consumo serían, en su opinión, fruto de una serie de “errores de razonamiento”. Cabría esperar esta denuncia de alguien como Steve Bannon o de un keynesiano de izquierdas en un debate organizado por Jacobin, pero proviene de un financiero nato hablando en el salón de eventos de un hotel de Beverly Hills.
El actual consejo de guerra económico del Pentágono está lleno de inversores de capital-riesgo como él, que se han pasado treinta años sacando rédito de la erosión de la industria del país antes de erigirse en sus salvadores. Ellos son la peculiaridad de la secuencia de acontecimientos que estamos viviendo. Los Estados Unidos de la post-Guerra Fría sabían recurrir, si era necesario, a la planificación, pero la diferencia es que entonces los planificadores venían de la universidad, de los sindicatos o de los ministerios de industria. Ahora los contratados son exempleados de Cerberus, Apollo, Cantor Fitzgerald, bomberos-pirómanos que, habiendo aprendido a repartir el dinero de otros en las consultorías privadas, asignan ahora el dinero público siguiendo los mismos instintos y, globalmente, las mismas estructuras de precios.

Estos hombres intervienen en tres variables: los capitales, los precios y la energía.
Los capitales. Bajo la batuta de Feinberg, la OSC ha superado el ámbito de los préstamos para pasar a acceder a la propiedad propiamente dicha, un cambio que, según los expertos, excede sus competencias. Una cuestión que el Congreso, de mayoría republicana, se ha negado a examinar. El Pentágono se ha hecho con participaciones en MP Materials y Trilogy Metals, así como con warrants (certificados de opción) en Vulcan Elements y ReElement Technologies, que vienen a sumarse a las acciones del gobierno de Intel y Lithium Americas, mucho más comentadas. La One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) de Trump le ha pasado discretamente a la OSC un sobre de 1.500 millones que le permite asignar unos 200.000 millones de dólares de préstamos a cuatro años, la mitad de ellos destinados a los minerales críticos y la otra mitad a 31 sectores tecnológicos juzgados como “esenciales”. En el antiguo catecismo estadounidense no era el Estado quien escogía a los ganadores. La nueva regla es designarlos antes de que lo haga Pekín y asegurarse así de que sabrán a quién dar las gracias.
Los precios. En diciembre de 2024, China prohibió la venta a Estados Unidos de algunas tierras raras refinadas, entre ellas el galio, del que controla el 98% del mercado. Aunque el embargo se suspendió un año después, Washington respondió con el anuncio en febrero de 2026 del Project Vault: un fondo de 12.000 millones de dólares que combina financiación pública y capital privado para crear una reserva estratégica de sesenta minerales clasificados como “esenciales” por el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos, cuyos futuros compradores se comprometen por contrato a adquirirlos a un precio determinado. Como complemento, el Gobierno estadounidense ha presentado el Forum on Resource Geostrategic Engagement (Forge), una alianza comercial donde los socios prevén llegar a acuerdos sobre los precios mínimos, las subvenciones y los compromisos de compra a largo plazo. Es decir: el libre mercado, tras tomarse unas copas patrióticas, ha descubierto el control de precios.
La energía. La inteligencia artificial no funciona con aire puro, aunque Silicon Valley haya hilado un relato de ascenso hacia las esferas etéreas de la abstracción (modelos, “nubes”, ideas brillantes…). En el plano material, se trata principalmente de una crisis de demanda de electricidad, agua, turbinas, uranio, chips, etc. Un centro de datos no es más que una fábrica en camiseta. El Departamento de Energía, para el que Thiel supuestamente seleccionó personalmente a un candidato para un cargo crucial en el sector nuclear, al tiempo que algunas de las start-ups incubadas en su Founders Fund se hicieron con los contratos más gordos (5), tiene por cometido devolver al sector nuclear el esplendor que tuvo a principios de la Guerra Fría (6). La misión Genesis del Ministerio de Energía, anunciada en noviembre de 2025 con un vocabulario digno del proyecto Manhattan, reúne 17 laboratorios nacionales —Los Álamos, Oak Ridge, Sandia y Argonne, que suman entre todos 40.000 científicos— en una plataforma única dedicada a la IA-al-servicio-de-la-ciencia, cuyas prioridades oficiales van desde la fisión nuclear hasta los semiconductores, pasando por los materiales críticos.
En todos estos ámbitos, la oferta lleva varios años de retraso respecto a la demanda. Pero, en vez de contar con que el mercado se reequilibrará a través de los precios, la Administración ha respondido acelerando los procesos a golpe de decreto y tratando los estudios medioambientales como cosa del pasado. Sin el pánico provocado por la IA, estos financieros seguirían en sus despachos de Park Avenue escupiendo columnas de opinión sobre el declive de Estados Unidos. Instalados en el Pentágono, han cambiado las diatribas por órdenes de compra.
Visto desde el extranjero, el sistema, más que a una política industrial, se asemeja a una coacción forzada. Pero Estados Unidos no les pide a sus aliados que admiren su ética; solamente tienen que estar de acuerdo con su estrategia china en todos los ámbitos (cadenas de suministro, exportación de chips, compras de minerales, normativa sobre datos, infraestructuras energéticas). El premio: disfrutar de sus créditos baratos, su “nube” y sus procesadores gráficos. El castigo: perder el acceso a las licencias de uso estadounidenses. Hasta ahora el proyecto apenas ha hallado resistencia alguna.

Punta de lanza de esta política, la coalición Pax Silica, presentada por la Casa Blanca el 12 de diciembre de 2025, aspira a asegurar la cadena de suministro de la IA para “reducir las dependencias coercitivas” (7). A los ocho socios iniciales, Arabia Saudí, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido y Singapur, se les han ido uniendo Emiratos Árabes Unidos (EAU), Finlandia, Grecia, India, Noruega, Filipinas, Qatar y Suecia. Cada uno de los nuevos signatarios hace hincapié en sus bazas. La India promete que sus oligarcas desbloquearán 120.000 millones de dólares para construir infraestructuras nacionales de IA utilizando plataformas estadounidenses (que esto entre en contradicción con su pertenencia al grupo de los BRICS no parece molestar a nadie). Los EAU aportan su gigante G42, vestido de Microsoft tras haber abandonado sus desafortunados vínculos chinos bajo la presión de la Administración de Biden. El caso de Malasia, que no es miembro de la coalición, sirve de advertencia: en mayo de 2025, la viceministra de Comunicaciones anunció una estrategia nacional de inteligencia artificial articulada a partir de los equipos de Huawei; 24 horas después y tras un tuit de David Sacks, el zar estadounidense de la IA, daba marcha atrás. La Comisión Europea, por su parte, ha iniciado un diálogo para unirse a la alianza (Bloomberg, 12 de mayo de 2026).
Presentes durante la conferencia inaugural, los Países Bajos, cuyo líder nacional, ASML, suministra máquinas de litografía a todos los fabricantes de microprocesadores avanzados del mundo, han declinado amablemente firmar. Estados Unidos piensa, sin embargo, haber encontrado la forma de doblegarlos. El Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware (MATCH) Act, un proyecto de ley presentado a principios de abril en la Cámara de Representantes y apoyado por los dos partidos, daría un plazo de 150 días a los países aliados activos en la industria de los chips para conformar sus controles a las exportaciones con los de Washington bajo pena de represalias unilaterales. ASML, cuyo presidente y director general denuncia desde hace tiempo que estas restricciones siguen motivaciones más económicas que de seguridad, está, por supuesto, en el punto de mira. El Gobierno neerlandés ha protestado.
Ante los países del Sur, los estadounidenses se andan con menos cuidado. Desde el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a principios de 2025, la ayuda extranjera pasa por la Development Finance Corporation (DFC) y el Export-Import Bank of the United States (Eximbank), abiertamente diseñados como armas de guerra económica. A finales de 2025, la DFC vio cómo se incrementaba su límite de inversiones hasta los 205.000 millones de dólares, más del triple del nivel anterior, y se reforzaban sus capacidades en materia de compra de acciones. Durante un foro del Council on Foreign Relations en abril, su director, Benjamin Black, que viene del mundo del capital-riesgo y no tiene ninguna experiencia en el sector del desarrollo, describió la misión de la agencia haciendo alarde de un lirismo digno de un contable: “construir ecosistemas económicos holísticos arrimados a nuestros mercados financieros, protegidos de las tomas de poder rivales y estructurados de forma tal que generen rendimientos elevados para el contribuyente estadounidense”.
Bajo Trump II, los préstamos dan derechos sobre los resultados. Un ejemplo: en diciembre de 2025, la DFC firmó un crédito de 553 millones de dólares al operador del corredor ferroviario de Lobito. ¿El objetivo? Modernizar la parte angoleña de esta línea estratégica que permite transportar el cobre y el cobalto congoleño (y, con el tiempo, el cobre de Zambia) hasta el Atlántico y las cadenas de suministro estadounidenses para baterías y chips, alejándolos así del dominio chino de las exportaciones de minerales en la región.
Cuando los préstamos condicionados no bastan, Estados Unidos amenaza con cerrar su farmacia. Presentada en septiembre de 2025, la America First Global Health Strategy obliga a decenas de países, la mayoría africanos, a transferir a las agencias y laboratorios farmacéuticos estadounidenses sus bases de datos de salud nacionales, más, en el caso del proyecto de acuerdo con Zambia, veinticinco años de secuenciación genómica de agentes patógenos, bajo pena de cortarle el grifo de la financiación para tratamientos contra el sida y la tuberculosis. Una nota del Departamento de Estado obtenida por el periódico The New York Times desvela el tipo de chantaje que se ha convertido en normal: una oferta a Zambia de mil millones de dólares de ayuda a la salud en cinco años (apenas la mitad de lo que recibía hasta 2025) a cambio de firmar un convenio independiente que da acceso a Estados Unidos a su cobre, su cobalto y su litio (8). En Kenia, el acuerdo ya firmado se ha suspendido a la espera de que el Alto Tribunal se pronuncie sobre su constitucionalidad. Y, cuando Zimbabue decidió retirarse de un acuerdo de 367 millones de dólares, Washington anunció inmediatamente la eliminación progresiva de su ayuda humanitaria a ese país.

La trampa más temible para el Sur sigue siendo, no obstante, la falsa promesa de la “IA soberana” ofrecida como premio de consolación (9). Invertir en tecnologías estadounidenses significa meter en casa los centros de datos, los chips, los modelos y los programas, y después fingir que representan una capacidad nacional. Lo que obviamente no es el caso. Los chips pueden desactivarse; los modelos son cajas negras que la protección del secreto comercial prohíbe abrir; y, si no están integrados en un planteamiento industrial más global, los centros de datos se convierten en unos tentáculos extractivos que producen principalmente medios extra de influencia para Washington. Las proyecciones desarrollistas clásicas de las décadas de 1970 y 1980, en las que un país empezaba por las piezas sueltas de automóvil antes de pasar a la fabricación de coches enteros y después, de vehículos eléctricos, no encuentran una equivalencia evidente en el campo de la IA. Pero, sin una estrategia de este tipo, la “IA soberana” es una trampa, no una solución. El país que mejor lo ha comprendido hoy en día es China, donde los centros de datos de Mongolia Interior se dedican primero a la economía nacional y solo después a la exportación. Desde primavera, la Administración Nacional de Datos china mide la actividad económica en tokens —la unidad que designa los fragmentos de texto tratados por los modelos de IA y, por extensión, la actividad de estos últimos—, es decir, según un criterio estrechamente ligado a la utilización de energía, lo que abre nuevas perspectivas en materia de planificación y asignación de medios. El consumo diario del país supera ya los 140 billones de tokens, es decir, que se ha multiplicado por más de mil desde 2024.
Durante el guateque del Milken Institute, el estratega económico en jefe del Pentágono ofreció la descripción más sincera hasta la fecha del cambio de era en curso en Washington. La fuente de inspiración, declaró Kollitides, no es ni más ni menos que el Imperio británico, con sus “organizaciones público-privadas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, dirigidas por el Estado y cuya flota era un instrumento de dominación económica por todo el mundo”. Que se pueda llegar a plantear una analogía así en 2026, sin pestañear y sin que ninguno de los asistentes se levante para mencionar la batalla de Plassey (el acta fundacional de la colonización británica de la India en 1757) o la forma en que, durante siglos, esas “organizaciones público-privadas” hicieron padecer hambre a un subcontinente entero para alimentar a Londres, es en sí mismo una confesión. El modelo elegido no es el New Deal, ni siquiera el Estado-arsenal de la Guerra Fría. Es un monopolio franquiciado cuyo nombre sigue siendo sinónimo de pillaje legal para más de la mitad del planeta.
Kollitides parece no haberse dado cuenta de que esa estructura ya existe. El Pentágono redacta sus estatutos, los gigantes de la “nube” gestionan los almacenes y una pequeña constelación de fondos de inversión aporta el capital circulante. Palantir analiza la situación. Nvidia suministra el sustrato. El Tesoro, en algún lugar al fondo del pasillo, hace el papeleo. Como el comercio de especias antaño, el desarrollo de la IA asegura la cohesión del conjunto. Su fusión con el beneficio y el arte de gobernar es tan estrecha que cualquiera que intente ver dónde acaba uno y dónde empieza otro será tratado como un resto obsoleto de la era de las reglas y los procedimientos.
La Compañía Británica de las Indias Orientales cobraba sus dividendos en forma de algodón, opio y té. Su avatar contemporáneo los cobra principalmente en forma de actividad digital, los tokens producidos por la IA, los prompts procesados, los modelos entrenados con los datos de los demás. Pero el libro de contabilidad de antaño no ha desaparecido: detrás de los tokens está el cobre de Katanga, el cobalto del Congo, las secuencias genómicas entregadas por las clínicas zambianas a cambio de tratamientos contra la tuberculosis que tal vez no lleguen nunca, los acuíferos vaciados para enfriar los centros de datos. Desde el Beverly Hilton, nada de eso es visible. Desde la East India House en Londres, la hambruna de 1770 en Bengala tampoco lo era. Un defecto de la arquitectura, sin duda.

(1) Fred Block, “Swimming against the current: The rise of a hidden developmental state in the United States”, Politics & Society, vol. 36, n.° 2, Sage Journals, Thousand Oaks, 2008, https://journals.sagepub.com
(2) Ana Swanson, “Wall Street bankers offered lucrative access to join the Pentagon”, The New York Times, 13 de marzo de 2026
(3) Brandi Vincent, “DOD officially launches new Economic Defense Unit to mesh military aims with global financial sway”, 10 de abril de 2026, https://defensescoop.co
(4) “Economic defense in an era of strategic competition: A conversation with Department of War’s George K. Kollitides”, 4 de mayo de 2026, https://milkeninstitute.org
(5) Avi Asher-Schapiro, “DOGE goes nuclear: How Trump invited Silicon Valley into America’s nuclear power regulator”, 20 de marzo de 2026, www.propublica.org
(6) Véase Éva Thiebaud, “Por qué Estados Unidos vuelve a apostar por la energía nuclear civil”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2026
(7) “What is Pax Silica?”, Departamento de Estado, https://www.state.gov/pax-silica
(8) Stephanie Nolen, “US considers withholding HIV aid unless Zambia expands minerals Access”, The New York Times, 16 de marzo de 2026.
(9) Véase “La soberanía: una mercancía estadounidense”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2025.
*Evgeny Morozov. Doctor en historia de la ciencia por la Universidad de Harvard. Director de The Syllabus, una plataforma que recopila y selecciona noticias e información. Su libro más reciente traducido al castellano es Los Santiago Boys: El socialismo digital de Salvador Allende (Verso Libros, Barcelona, 2025), basado en el podcast homónimo.

Este orden emergente es el más sostenible posible dadas las circunstancias.
El gran objetivo estratégico que Rusia pretendía alcanzar mediante su intervención militar a gran escala en Ucrania era remodelar la arquitectura de seguridad europea con el fin de resolver el dilema de seguridad entre la OTAN y Rusia provocado por la continua expansión hacia el este del bloque a lo largo de las últimas décadas.
La OTAN rechazó las peticiones de garantías de seguridad de Rusia a finales de 2021, las conversaciones de paz con Ucrania de la primavera de 2022 fueron saboteadas y Rusia ha sido incapaz de alcanzar sus objetivos maximalistas en Ucrania por la fuerza.
Esta situación pone en contexto varios acontecimientos recientes que, en su conjunto, allanan el terreno para una serie de compromisos mediados por EE. UU. entre la OTAN europea (E-OTAN) y Rusia, con el objetivo de construir la arquitectura de seguridad de posguerra más realista y sostenible para el continente.
La tendencia general es la creación por parte de EE. UU. de la OTAN 3.0, que hace referencia a la visión de Trump 2.0 de una E-OTAN que contenga a Rusia, de modo que la mayor parte de las fuerzas estadounidenses en Europa puedan reasignarse a territorio nacional, Iberoamérica y la región de Asia-Pacífico.
Si las últimas tendencias siguen su curso, los países situados entre Alemania y Rusia, conocidos colectivamente como el Intermarium, desempeñarán el papel más significativo a este respecto.
El centro de gravedad militar y de seguridad pasaría entonces a ser el Báltico, sobre cuya zona oriental (Finlandia y los Estados bálticos) el Bloque Vikingo liderado por Suecia y Polonia ejercerían un patrocinio militar conjunto. Estados Unidos y el E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) «liderarán desde atrás» optimizando el «Schengen militar».
Para que Rusia acepte el despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz del E3 en Ucrania, Estados Unidos tendría que comprometerse por escrito a no extenderles las garantías del artículo 5 y, además, los miembros de la OTAN anteriores a 1997 tendrían que retirarse de aquellos países que se incorporaron tras el Acta Fundacional OTAN-Rusia de ese año.
La única excepción podría ser una base militar permanente de EE. UU. en Polonia, que podría ser necesaria para que el pilar polaco del Intermarium acepte todas las concesiones que se abordarán en este artículo.
Del mismo modo, posiblemente a excepción de EE. UU., Francia y el Reino Unido también tendrían que comprometerse por escrito a no extender sus paraguas nucleares sobre los miembros del bloque posteriores a 1997.
Dicho esto, los países del Intermarium (excepto Noruega, miembro del Bloque Vikingo y miembro fundador de la OTAN) podrían desplegar tantas tropas y equipos como quisieran en el territorio de los demás, lo que supondría una concesión significativa por parte de Rusia, dada la rápida acumulación de fuerzas aéreas del Bloque Vikingo y el hecho de que Polonia comanda el mayor ejército de la E-OTAN.
Por otra parte, EE. UU. podría adquirir participaciones en los gasoductos Nord Stream, Yamal y Brotherhood para que Rusia reanude las exportaciones de energía a la UE bajo la supervisión de EE. UU., de modo que todos tengan un interés común en mantener la paz.
Paralelamente, EE. UU. puede mediar en las retiradas militares mutuas entre el Intermarium y Rusia a lo largo del flanco oriental de la OTAN, que también hace las veces de flanco occidental del «cordón sanitario». A continuación, podrían establecerse canales de control de crisis y negociaciones sobre control de armamento para institucionalizar los avances mencionados.
La centrada en los recursos asociación estratégica que Rusia y EE. UU. están negociando activamente según informan los medios de comunicación occidentales, proporcionaría a Washington intereses tangibles, financieros y estratégicos en preservar el orden de posguerra frente a cualquier provocación que Ucrania, el Reino Unido o cualquier otra parte pudieran orquestar para arruinarlo.
De este modo, EE. UU. podría llevar a cabo con mayor libertad su «giro hacia Asia» para contener a China, Rusia podría centrarse en hacer frente a las nuevas amenazas en Asia Central y la UE podría reconstruir su economía, devastada por las sanciones.