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vendredi 18 septembre 2026

Albanese advierte de que Israel puede usar la retirada de escombros para ocultar el genocidio

 

Fuentes:

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advierte de que la retirada masiva de escombros en Gaza podría borrar pruebas de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. El FLP ha asegurado que Israel ya lo está haciendo.

La retirada a gran escala de escombros en zonas de Gaza bajo control militar israelí podría utilizarse para borrar las huellas de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, ha advertido este lunes la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

«Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal; es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas», ha afirmado en un comunicado.

La experta italiana ha agregado que «los escombros de Gaza contienen restos humanos y pruebas materiales para la investigación de presuntos crímenes internacionales, incluido el genocidio». Albanese ha señalado que, antes de la retirada y el triturado de los escombros, debe llevarse a cabo una recuperación digna de los restos humanos y una documentación sistemática de las pruebas de posibles delitos, con la participación de investigadores internacionales.

«En la devastada Gaza, los escombros no son simples restos de construcciones, forman parte de la escena de un crimen, de un cementerio, y son el registro material de lo ocurrido durante una brutal campaña de bombardeos que duró dos años», ha destacado. Ha recordado que, según las autoridades palestinas, más de 10.000 personas permanecen enterradas bajo los escombros, después de que al menos el 92% de las viviendas de Gaza y buena parte de las infraestructuras civiles fueran destruidas o sufrieran daños durante el conflicto.

Albanese ha añadido que la recuperación de restos humanos sigue siendo posible. Como ejemplo, ha citado recientes operaciones de búsqueda en las que se rescataron los cadáveres de 112 víctimas, que pudieron ser enterradas el pasado 4 de agosto. La relatora sostiene que cualquier operación de retirada debe desarrollarse dentro de un plan «diseñado por los palestinos y respaldado por actores que cuenten con la confianza de estos».

Un trabajador de la defensa civil observa cómo una excavadora retira los escombros en el lugar donde se encontraba la Torre de los Ingenieros, ahora destruida, para recuperar los cuerpos que quedaron atrapados en la ciudad de Gaza. (AHMED YOUNIS | AFP)

También ha advertido a las empresas implicadas en las labores de desescombro de que «al destruir pruebas de crímenes internacionales pueden incurrir en una responsabilidad penal». Según Albanese, las demoliciones y nivelaciones de edificios han continuado en áreas de Gaza bajo control israelí incluso tras el alto el fuego de octubre de 2025. En esas labores se habría utilizado maquinaria pesada de multinacionales como Caterpillar, HD Hyundai, Doosan o Volvo.

Más denuncias

El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) ha advertido también de que la retirada de escombros en Gaza por parte de Israel pone en peligro los restos de miles de palestinos sepultados y puede eliminar pruebas forenses de crímenes cometidos durante la guerra.

La Oficina de Mártires, Prisioneros y Heridos del FPLP ha alertado sobre el traslado continuo de cascotes desde edificios destruidos hacia lo que denomina «zonas militares». Según la organización, esos materiales contienen en numerosos casos cuerpos y restos fragmentados de palestinos ejecutados y desaparecidos que aún no han sido recuperados.

Al igual que en el caso de Albanese, el comunicado advierte de que triturar, procesar o desplazar los escombros antes de que equipos especializados e independientes examinen los lugares puede destruir, mezclar o dispersar restos humanos, hasta hacer imposible identificar a las víctimas.

El FPLP afirma además que los escombros preservan indicios materiales y forenses esenciales para documentar las circunstancias de las muertes, localizar los puntos atacados y determinar el armamento empleado. Su retirada de la ubicación original, ha denunciado, podría borrar pruebas relevantes para futuras investigaciones y obstaculizar la exigencia de responsabilidades. «Los escombros en Gaza no son simples restos de guerra», señala la organización, que los considera también lugares de enterramiento y escenarios de posibles crímenes contra la población palestina.

La organización exige, al igual que Albanese, suspender de inmediato las operaciones en las áreas donde aún pueda haber cadáveres, permitir la entrada de equipos forenses y garantizar una supervisión internacional independiente. También reclama una investigación sobre el traslado de los materiales y el destino de los restos y evidencias que contienen.

La advertencia se produce en plena campaña de demolición en la Franja, en la que participan contratistas civiles con bulldozers y excavadoras junto a unidades militares israelíes. Una investigación de ‘Le Monde’ publicada en 2025 localizó ofertas de empleo para operadores de maquinaria pesada destinados a tareas de demolición en Gaza.

Ataques en Gaza y en Líbano

Mientras, el ejercito israelí continúa perpetrando ataques en Gaza, también en Líbano. En el centro y el sur del enclave palestino, ha matado a seis personas, entre las que se encuentra un niño de 6 años. El menor estaba refugiado en la escuela Jawla Bint Al Azraq en Deir al Balah y ha fallecido tras impactar un misil contra el centro educativo.

En Líbano, al menos doce personas han fallecido, entre las que hay dos niños y un paramédico, y otras diez han resultado heridas, en ataques israelíes contra un edificio y un vehículo civil en la ciudad de Kfar Ruman, en la región de Nabatieh, ha informado el Ministerio de Salud libanés.

De acuerdo al recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 1.330 gazatíes han muerto en ataques israelíes durante el alto el fuego, en la práctica violado a diario por Israel. Desde el 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales.

Fuente: https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20260907/albanese-advierte-de-que-israel-puede-usar-la-retirada-de-escombros-para-ocultar-el-genocidio

Dolores insoportables y quemaduras que llegan "hasta los huesos": el horror del fósforo blanco que Israel usa en Líbano

 El Gobierno de Benjamin Netanyahu empleó material incendiario contra la población de Gaza y del sur libanés en reiteradas ocasiones. Las evidencias sobre su uso se han incrementado en los últimos meses.

Dos mujeres lloran durante el cortejo fúnebre por las víctimas mortales de un ataque aéreo israelí en la aldea de Kfar Rumman, en el sur del Líbano, el 8 de septiembre de 2026.
Dos mujeres lloran durante el cortejo fúnebre por las víctimas mortales de un ataque aéreo israelí en la aldea de Kfar Rumman, en el sur del Líbano, el 8 de septiembre de 2026.Wael Hamzeh/EFE

Fallos en los órganos

Vacío legal

samedi 12 septembre 2026

Des justes en Israel

 SOURCE https://www.librairie-tropiques.fr/2026/09/des-justes-en-israel.html

 Il reste encore des justes, même en Israël,
notamment les deux auteurs du documentaire ovationné à la Mostra de Venise,
au point que nos medias "de référence" n'ont pu le passer sous silence,
au motif habituel "d'antisémitisme"
qu'ils réservent donc à un usage domestique.

Israël a utilisé l'IA pour tuer des milliers de Palestiniens à Gaza
 Des sources israéliennes ont décrit le ciblage et le profilage des Palestiniens comme « un jeu vidéo »et « incroyablement amusant ».
 
Israël a utilisé l'IA pour tuer des milliers de Palestiniens à Gaza – documentaire

 Un documentaire affirmant qu'Israël a eu recours à de puissants outils d'intelligence artificielle pour tuer des milliers de personnes à Gaza a provoqué un véritable séisme au Festival de Venise. L'un des intervenants du film décrit la planification des frappes aériennes comme « follement amusante ». L'armée israélienne (Tsahal) a catégoriquement rejeté les allégations du film, insistant sur le fait que les lanceurs d'alerte ne sont pas vérifiables.

Le film NAZA, d'une durée de 80 minutes et présenté en avant-première jeudi, s'appuie sur les témoignages de 24 sources anonymes au sein des forces armées et des services de renseignement israéliens. Son titre fait référence à une expression militaire israélienne désignant les « victimes collatérales » attendues lors d'une attaque.

Le film, réalisé par deux cinéastes israéliens oscarisés, Yuval Abraham et Rachel Szor, a reçu une ovation debout d'environ 25 minutes, la plus longue jamais enregistrée lors de cet événement. Les images montraient également une salle comble, certains spectateurs brandissant des drapeaux palestiniens.

D'autres sources ont fait état d'un mépris flagrant des lois humanitaires et d'un climat général de haine envers les Palestiniens.
Parmi les révélations les plus glaçantes, un informateur a affirmé qu'à un moment donné, une frappe contre un seul membre du Hamas avait été approuvée malgré le bilan humain attendu de 500 victimes civiles.

« Cela a été fait à grande échelle, comme à la chaîne » , a déclaré une source, tandis que d'autres décrivaient le profilage et le ciblage comme « un jeu vidéo » et « incroyablement amusant ». 

 

Gaza organise l'une de ses plus importantes cérémonies funéraires pour les victimes d'une seule attaque israélienne (VIDÉO)

« Nous laissons les soldats et les officiers parler de ce qu’ils ont fait », a déclaré Abraham à l’AFP, ajoutant que les cinéastes souhaitaient documenter en détail « à quoi ressemblaient » et comment fonctionnaient les systèmes de mise à mort à Gaza .

Vendredi, l'armée israélienne a catégoriquement rejeté ces allégations, arguant que l'identité des lanceurs d'alerte « ne peut être vérifiée » et qu'il est impossible d'établir s'ils ont réellement servi dans l'armée.

L'armée israélienne a également souligné que les allégations concernaient « une stratégie nationale et militaire qui dépasse clairement les compétences des soldats de rang inférieur ». Elle a ajouté que les décisions de ciblage sont prises « uniquement par du personnel humain » et que ses opérations ne visent que les « organisations terroristes ». 

L'armée israélienne a elle-même reconnu utiliser l'IA à des fins militaires, notamment un système connu sous le nom de « The Gospel », pour produire rapidement des recommandations de ciblage.

En avril 2024, plusieurs médias ont rapporté, citant des sources du renseignement israélien, que l'unité Lavender avait, à un moment donné, fiché environ 37 000 personnes comme terroristes présumés, son personnel ne consacrant parfois que quelques secondes à l'examen des recommandations générées par un système automatisé. Certaines sources citées par The Guardian ont également affirmé que, « durant les premières semaines de la guerre, ils auraient été autorisés à tuer 15 à 20 civils lors de frappes aériennes contre des militants de bas rang ». L'armée israélienne a rejeté ces allégations.

lundi 7 septembre 2026

"Libé" et "RSF" : une association de malfaiteurs qui donne le coup de grâce aux journalistes assassinés à Gaza.

SOURCE https://www.legrandsoir.info/libe-et-rsf-une-association-de-malfaiteurs-qui-donne-le-coup-de-grace-aux-journalistes-assassine-a-gaza.html

Jacques-Marie BOURGET

L'ex-officier du Mossad qui dirigeait Libération est parti mais il a oublié ses bagages. Le quotidien, aidé par RSF de Ménard sans frontières, vient de publier un article infâme qui criminalise des journalistes assassinés à Gaza. La Hasbara, le propagande Israélienne se frotte les mains, rouges de sang.

J’ai des amis incurables qui continuent de lire « Libération ». Comme s’il s’agissait d’une feuille sérieuse. Quand, de leur point de vue, « Libé déconne encore », indignés ils téléphonent la nouvelle à leur cercle de potes. Et à moi aussi. Alors qu’on s’en fout puisqu’on sait que Sartre est mort et que ce « Libé-chéri » était naguère encore dirigé par un ancien officier du Mossad et qu’il est financé par Drahi, un supporter de Netanyahou. Il faut donc que le lanceur d’alerte, et idiot inutile, copie l’article -inique objet de son ressentiment- puis le balance sur WhatsApp pour que la boue arrive jusqu’à nos yeux. Mes yeux.

Disons que cette fois l’indigné n’a pas tort : Libé à « encore déconné ». Dans un article qui sent la sueur de la Hasbara, l’usine qui forge la propagande israélienne, papier alimenté aussi par les bas sentiments des publicistes de Reporters sans Frontières, le quotidien de Sartre nous régale d’une double titrée « Gaza journalistes ou combattants ? ». Le tout signé par Brice Le Borgne dont j’ai vérifié qu’il n’a traversé le boulevard périphérique que pour partir en vacances depuis Roissy. Pourtant cet omniscient, s’il fallait croire son article de bazar, sait tout des secrets de Gaza. Interrogé par le scrupuleux Le Borgne, RSF - pourtant tout aussi aveugle sur Gaza-, est formel : on a obtenu « La confirmation du rôle des reporters tués au sein de groupes armés implique qu’ils ne peuvent plus être considérés comme des journalistes ». Même pour une fanfare d’influenceurs inventée par l’exemplaires Robert Ménard, voilà qui fait fort : des fonctionnaires d’une association, RSF, financée par de l’argent américain et israélien, entendent nous dicter la loi. Celle du qui est journaliste. Ou pas. S’il ne s’agissait de confrères morts, on pourrait rire dans le cimetière. Celui creusé par « Libé-RSF ».

Comme l’article de monsieur Le Borgne se veut sérieux, soyons-le aussi. Cet immense arbitre de la profession, si j’ai bien compris, exclut du journalisme toute femme ou tout homme qui aurait un semblant de lien avec le sujet qu’il entend nous décrire. C’est sans doute ce que devant un Coca sans sucre, lors d’une conférence de rédaction, il nomme la « neutralité », « l’objectivité ». Et Le Borgne, prié de trier entre les mauvais et les bons morts biffe les noms de confrères assassinés au prétexte que le Hamas a déploré leur décès, publié une nécrologie. Je vous jure que ce justicier a vraiment fait ça. Puisque ce monsieur est aussi un scientifique vétilleux, il nous établit un nouveau bilan des « vrais » journalistes morts à Gaza. En renvoyant les faux vers l’enfer vert du Hamas. Pour savoir tout cela, être aussi riche en informations vérifiées, Le Borgne se base sur une usine à gaz nommée, par lui-même, « CheckNews ». Un truc inventé par « Libé » pour démêler le vrai (ce que dit l’ex-quotidien de July), du faux (ce que disent ceux qui ne sont pas d’accord avec le journal). Autrement dit, au risque de choir, ce publiciste se fait la courte échelle entre « Libé CheckNews » et « Libé menteur ordinaire ». Existait déjà le Cirque d’Hiver, voici donc celui d’été.

N’étant pas un ex officier du Mossad, mais plutôt une de leurs cibles, je n’ai pas la possibilité de suggérer un sujet d’article à Libération. Pourtant écrire une saga affirmant aujourd’hui qu’Albert Camus, Hubbert Beuve-Méry, Pierre Brossolette, Emmanuel d’Astier, Claude Bourdet, Georges Altam, Jean-Toussainy Desanti, Jean Guéhenno, Jean Paulhan, Jacques Decour, François Mauriac – pardon pour les anonymes mais je ne nomme que les célébrités- que ces hommes, ces journalistes résistants « n’étaient pas de vrais journalistes », j’attends devant l’imprimerie de Libération le numéro dénonçant ces salauds. J’attends aussi que « Libé » exige la mise à la porte du Panthéon ceux qui peuvent indûment s’y trouver.

En seconde semaine Libération et les collaborateurs de RSF (donc financés par les USA, l’Europe et Israël ) pourront nous régaler, cette fois par les journalistes ayant écrit et combattu en Espagne. Gorges Bernanos, André Malraux, Ernest Hemingway, George Orwell, Martha Gelhorn, Robert Capa, Gerda Taro, Herbert L. Matthews, Mikhail Kolsov, John Dos Passos, Louis Fischer, Jay Allen, Josephine Herbst, George Steer, Josephe Kessel, Elya Ehrenbourg sans compter les héros de la presse espagnole antifranquiste et des dizaines, là aussi « d’anonymes ». Voilà, pour le Brice de « Libé » des vies, des œuvres à passer au « newschecker ».

Car il ne faut pas mollir cher caïd, il faut retirer de la liste tous ces confrères résistants en Espagne, résistants en France et qui, selon le tribunal de « RSF-Libé », ne méritent pas leur gloire. Manquerait plus que l’on appelle « journalistes » des types qui se mêlent de combattre la barbarie.

Jacques-Marie BOURGET

EN PRIME, POUR SOURIRE

 

Comment les médias vendent un génocide

  SOURCE https://www.legrandsoir.info/comment-les-medias-vendent-un-genocide.html 

Les médias occidentaux, en recourant aux deux poids, deux mesures, à la censure, à un langage trompeur, en amplifiant les mensonges israéliens et en déshumanisant les Palestiniens, facilitent le génocide à Gaza.

Les médias occidentaux fabriquent le consentement au génocide. Ils normalisent l’occupation militaire et l’apartheid israéliens qui durent depuis des décennies. Ils effacent les violations flagrantes du droit international par Israël. Ils perpétuent l’illusion de la victimisation israélienne. Ils trahissent, discréditent et diabolisent le travail des journalistes et des travailleurs des médias palestiniens à Gaza, dont au moins 220 ont été tués par Israël entre le 7 octobre 2023 et août 2025. Ils acceptent platement la censure draconienne israélienne. Ils acquiescent avec de tièdes lettres de protestation au refus d’Israël d’autoriser les reporters étrangers à entrer à Gaza – un effort d’Israël pour masquer ses crimes de guerre. Ils amplifient les mensonges israéliens, des bébés décapités aux agressions sexuelles généralisées contre des femmes israéliennes le 7 octobre, pour obscurcir la vérité.

Lorsqu’ils écrivent sur Gaza, les verbes sont à la voix passive. Il n’y a pas de sujet. Personne n’est tenu pour responsable. Le génocide, semble-t-il, est un acte de Dieu. Pas différent d’un tremblement de terre ou d’un tsunami. Les clichés et les adjectifs opaques comme le « cycle de la violence » ou les « affrontements » déforment et falsifient la réalité.

« Si la pensée corrompt le langage, le langage peut aussi corrompre la pensée », avertissait George Orwell.

Des termes tels que « génocide », « atrocité », « nettoyage ethnique » et « territoires occupés » disparaissent comme par magie des reportages médiatiques sur les Palestiniens, dont la résistance est régulièrement qualifiée de « sauvage » et de « barbare ». Les reporters du New York Times sont instruits par leurs rédacteurs en chef d’éviter des termes tels que « Palestine », « génocide », « carnage », « camp de réfugiés », « massacre » et « tuerie » lorsqu’ils font référence aux Palestiniens.

Les médias régurgitent servilement ce qu’Israël leur fournit. Les bombardements de saturation deviennent des « frappes aériennes chirurgicales ». L’armement de la famine par Israël devient une « pénurie alimentaire ». La tuerie de civils non armés – y compris d’enfants – devient des « affrontements ». Les complexes fortifiés en hauteur des colons juifs deviennent des « quartiers ». L’assassinat extrajudiciaire d’un journaliste ou d’un médecin devient « décédé ».

Le génocide, qualifié de « guerre Israël-Hamas », est justifié comme une « légitime défense », faisant partie du mantra du « droit d’Israël à se défendre ». Lorsque des écoles, des hôpitaux, des cliniques, des ambulances, des mosquées, des églises et d’autres cibles civiles sont anéantis, ils sont étiquetés comme des « centres de commandement du Hamas » ou ciblés parce que le Hamas « utilise les civils comme boucliers humains » – ce qu’Israël fait couramment, lorsque l’armée ligote des Palestiniens détenus et les force à pénétrer dans des bâtiments et des tunnels potentiellement piégés devant les troupes israéliennes.

Lorsque des Israéliens sont détenus par le Hamas, ce sont des « otages », même s’ils servent dans l’armée. Lorsque des Palestiniens – y compris des enfants – sont détenus sans inculpation ni jugement et disparaissent dans des centres de détention israéliens, où la torture est « généralisée » et « systématique », ce sont des « prisonniers ».

Les attaques de missiles contre des villes de tentes ou des hôpitaux sont imputées à des groupes armés palestiniens tirant des roquettes erratiques. Si Israël reconnaît les attaques – ce qui arrive très rarement – elles sont décrites comme une « erreur tragique ».

Les institutions civiles à Gaza sont qualifiées de « dirigées par le Hamas » pour jeter le doute sur la véracité de ce qu’elles rapportent. Le New York Times qualifie systématiquement les annonces du ministère de la Santé de Gaza en notant qu’il « ne fait pas de distinction entre civils et combattants », masquant le massacre de dizaines de milliers de civils.

Le résultat est une des écritures les plus alambiquées de l’histoire du journalisme, y compris le titre du New York Times du 5 novembre 2023 : « Des explosions que les Gazouis disent être une frappe aérienne font de nombreuses victimes dans un quartier densément peuplé. »

« Lorsque les journalistes de Middle East Eye Mohamed Salama et Ahmed Abu Aziz, avec le photojournaliste de Reuters Hussam al-Masri, et les pigistes Moaz Abu Taha et Mariam Dagga – qui avaient travaillé avec plusieurs médias, dont l’Associated Press – ont été tués dans une frappe “double touche” – conçue pour tuer les premiers intervenants arrivant pour soigner les victimes des premières frappes – au complexe médical Nasser, comment les agences de presse occidentales ont-elles répondu ? » ai-je demandé dans ma chronique La Trahison des journalistes palestiniens.

« L’armée israélienne affirme que les frappes sur l’hôpital de Gaza visaient ce qu’elle dit être une caméra du Hamas », a rapporté l’Associated Press.

« L’IDF affirme que la frappe sur l’hôpital visait une caméra du Hamas », a annoncé CNN.

La caméra appartenait à Reuters, qui a déclaré qu’Israël était « pleinement conscient » que l’agence de presse filmait depuis l’hôpital.

« Lorsque le correspondant d’Al Jazeera Anas Al Sharif et trois autres journalistes ont été tués le 10 août dans leur tente médiatique près de l’hôpital Al Shifa, comment cela a-t-il été rapporté dans la presse occidentale ? » ai-je demandé.

« Israël tue un journaliste d’Al Jazeera qu’il dit être un chef du Hamas », a titré Reuters, bien qu’al-Sharif ait fait partie d’une équipe de Reuters qui a remporté un prix Pulitzer en 2024.

Le journal allemand Bild a publié un article en première page titré : « Terroriste déguisé en journaliste tué à Gaza. »

« Les acrobaties linguistiques employées par les médias sont allées jusqu’à redéfinir les mots, les rendant dénués de sens », écrit Assal Rad dans « Don’t Say Palestine : How the Media Manufactured Consent for Genocide » :

Les médias traditionnels n’ont pas réussi à décrire les violations répétées du cessez-le-feu par Israël avec le langage de la violation. Au lieu de cela, la couverture a suivi les mêmes schémas de rationalisation des attaques israéliennes et de reprise sans critique des affirmations d’Israël pour justifier ses actions. Alors que les Palestiniens continuaient d’être tués – pendant un “cessez-le-feu” – et que le flux d’aide n’atteignait pas le niveau des besoins ou ce qui avait été convenu, les médias occidentaux ont présenté ces violations flagrantes comme des “tests” ou des “défis” à un “cessez-le-feu fragile”. Alors que des organisations de défense des droits humains de premier plan comme Amnesty International avertissaient que le génocide n’était, en fait, pas terminé, les médias traditionnels ont continué à le présenter comme une guerre avec un “cessez-le-feu fragile”.

Les mots comptent. Les mots justifient les actions. S’il n’y a pas de génocide, si Israël se défend dans une guerre, les États-Unis et les alliés européens d’Israël ont le droit de fournir des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire. S’il s’agit d’une guerre commencée par le Hamas le 7 octobre, alors il est possible de déplorer l’anéantissement de Gaza et le massacre de masse par Israël comme le résultat regrettable de l’attaque du Hamas.

Cette corruption du langage est conçue, comme l’a noté Orwell, pour défendre l’indéfendable :

Des choses comme la continuation de la domination britannique en Inde, les purges et déportations russes, le largage des bombes atomiques sur le Japon, peuvent certes être défendues, mais seulement par des arguments trop brutaux pour que la plupart des gens puissent les affronter, et qui ne cadrent pas avec les objectifs avoués des partis politiques. Ainsi, le langage politique doit se composer en grande partie d’euphémismes, de pétitions de principe et d’une simple et nébuleuse ambiguïté. Des villages sans défense sont bombardés depuis les airs, les habitants chassés dans la campagne, le bétail mitraillé, les huttes incendiées avec des balles incendiaires : on appelle cela la pacification. Des millions de paysans sont dépouillés de leurs fermes et envoyés marcher sur les routes avec ce qu’ils peuvent porter : on appelle cela le transfert de population ou la rectification des frontières. Des gens sont emprisonnés pendant des années sans procès, ou abattus d’une balle dans la nuque, ou envoyés mourir du scorbut dans des camps de bûcherons en Arctique : on appelle cela l’élimination des éléments peu fiables.

Adam Johnson dans « How to Sell a Genocide : The Media’s Complicity in the Destruction of Gaza » a examiné plus de 12 000 articles du New York Times, du Washington Post, de CNN.com, Politico, Axios, USA Today et de l’Associated Press, ainsi que 5 000 segments télévisés diffusés sur CNN et MSNBC. Son livre minutieusement documenté est une mise en accusation cinglante de la justification du génocide par les médias « libéraux ».

CNN et le New York Times ont ordonné à leurs rédacteurs et journalistes que les attaques ne pouvaient être attribuées à Israël qu’après confirmation de l’IDF et coordonnées GPS. Johnson cite une source à CNN :

Que ce soit en salle de rédaction ou sur le terrain, nous ne pouvions attribuer quoi que ce soit à Israël à moins d’être soumis à cette barre impossibly high consistant à appeler cela une “explosion”, jusqu’à ce que nous géolocalisions le site de l’explosion, que nous envoyions les coordonnées aux Israéliens et que nous leur demandions un commentaire.

Vous pouvez voir une interview de Johnson à propos de son livre sur The Electronic Intifada ici.

Les journalistes de CNN couvrant Israël et la Palestine doivent soumettre leur travail à l’examen du bureau de la chaîne à Jérusalem avant diffusion. Le bureau de CNN, comme tous les bureaux de presse en Israël, est tenu de respecter les restrictions imposées par la censure militaire israélienne.

Les très rares Palestiniens qui apparaissent sur CNN et d’autres médias traditionnels sont systématiquement interrogés – généralement avant même d’être autorisés à l’antenne – pour savoir s’ils « condamnent » le Hamas. Les invités qui expriment une critique même tiède d’Israël se voient demander si Israël « a le droit d’exister ».

Personne ne se voit jamais demander s’il condamne le sionisme, l’apartheid, le nettoyage ethnique, le génocide ou la guerre centenaire d’Israël contre la Palestine. On ne leur demande pas non plus si les Palestiniens ont le droit de se défendre – ce qu’ils ont en vertu du droit international, y compris avec des armes.

Nos journalistes et organisations de presse domestiqués sont, comme l’a souligné Robert Fisk, « prisonniers du langage du pouvoir ». Ils répètent consciencieusement le lexique officiel. Cela fait d’eux non seulement des propagandistes, mais aussi des complices du génocide.

Ceux qui protestent contre le génocide, y compris les étudiants sur les campus universitaires – dont beaucoup sont juifs – sont diffamés comme « partisans du Hamas » et « antisémites ». Les journalistes dénichent des étudiants sionistes, généralement installés dans les maisons Hillel des campus, qui affirment être « inquiets pour leur sécurité » à cause des manifestations. Les médias accordent peu d’attention à la montée de l’intolérance antimusulmane ou à la répression exercée contre les manifestants étudiants, qui comprend non seulement la brutalité policière et 3 000 détentions et arrestations, mais aussi des suspensions, des mises à l’épreuve, des expulsions, la rétention de diplômes et le licenciement de professeurs favorables à leur cause.

Les slogans qui appellent à la libération de la Palestine – y compris « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre » – ainsi que le drapeau palestinien, ont été criminalisés.

Le message est clair : les vies juives comptent. Les vies palestiniennes ne comptent pas.

« Les rapports des agences des Nations Unies, des observateurs des droits humains respectés, des revues médicales et du personnel médical professionnel sont généralement traités avec respect et mis en avant dans les médias grand public, » écrit l’historien Rashid Khalidi dans l’introduction du livre de Robin Anderson, « The Complicit Lens : US Media Coverage of Israel’s Genocide in Gaza » :

Pas dans cette guerre : au contraire, si ces sources sont citées, les médias accordent un traitement égal aux calomnies et aux diffamations outrageantes contre ces organisations et ces individus, des salissures produites en abondance par la légion de propagandistes professionnels d’Israël et ses innombrables défenseurs aux États-Unis. Outre la diffamation des critiques du génocide israélien en les présentant comme des partisans du Hamas ou des sympathisants terroristes, la principale arme de leur arsenal de diffamation est l’utilisation systématique et outrageante de la mortelle accusation d’antisémitisme.

Les défections massives de lecteurs et de téléspectateurs des médias traditionnels vers les plateformes de médias sociaux qui ne filtrent pas les nouvelles à travers le lobby israélien, le gouvernement américain ou les entreprises, sont un indicateur frappant de la faillite des médias. La réponse à ces défections a été le « platformicide » – l’utilisation d’algorithmes, le shadow banning, la restriction des capacités de diffusion en direct et la fermeture de comptes par les géants des médias sociaux comme Facebook, Instagram, X, YouTube et TikTok, pour réduire considérablement la portée des reportages sur la Palestine.

Cette censure fait partie d’un effort coordonné pour cacher l’horreur du génocide au public.

En se référant constamment au 7 octobre, les médias occidentaux décontextualisent le génocide. Ils ignorent le siège de 19 ans de Gaza par Israël. Le 7 octobre est présenté par les médias occidentaux comme « non provoqué ». Les massacres de Palestiniens non armés à Gaza par Israël durant l’hiver 2008-2009, ainsi que ses attaques sur Gaza en 2012, 2014 et pendant la Grande Marche du Retour en 2018 et 2019 sont ignorés.

La Nakba de 1948 – lorsque les sionistes européens se sont emparés de plus de 78 % de la Palestine historique, ont violemment expulsé 750 000 Palestiniens, détruit plus de 530 villages palestiniens et tué 15 000 Palestiniens – est rarement mentionnée. Soixante-dix pour cent de ceux qui ont été chassés de leurs foyers en 1948 ont été contraints de se réfugier à Gaza.

Le projet sioniste repose sur la promotion de l’amnésie historique.

« Une fois que le Hamas a été présenté comme un groupe brutal et terroriste dont les membres torturaient, démembraient et décapitaient joyeusement des bébés sans conscience, aucune explication supplémentaire n’était nécessaire, » écrit Anderson dans son livre. « Les médias ont simplement évité de rapporter l’histoire de la violence d’Israël et, par conséquent, les médias établis ont également évité les conditions de vie quotidienne des Palestiniens. »

La fiction selon laquelle il y a actuellement un cessez-le-feu à Gaza – Israël a tué au moins 1 286 Palestiniens et blessé 4 257 depuis son entrée théorique en vigueur – est devenue l’excuse utilisée par les médias occidentaux pour tourner le dos à Gaza. Ce déni du génocide a caractérisé la couverture depuis ses débuts. Il masque non seulement les crimes d’Israël, mais aussi l’intention déclarée d’Israël de nettoyer ethniquement tous les Palestiniens de Gaza. Il neutralise effectivement le droit international. Et il fait une parodie de la profession de journaliste.

Lorsque le dernier acte du nettoyage ethnique aura lieu, les médias occidentaux, j’en suis sûr, continueront à nous bombarder d’agitprop israélienne, d’euphémismes et de clichés.

Ils justifieront le génocide jusqu’à la fin.

 https://chrishedges.substack.com/p/how-the-media-sells-genocide?utm_campaign=email-half-post&r=1egpdm&utm_source

samedi 29 août 2026

Pourquoi les Anglo-Saxons investissent autant dans le narratif géopolitique des génocides

 

Pourquoi les Anglo-Saxons investissent autant dans le narratif géopolitique des génocides

Mémorial britannique, scénographie américaine, chaires anglophones : enquête sur l'appareil occidental de la mémoire des génocides et sur son rendement.

SOURCE  https://www.lecourrierdesstrateges.fr/pourquoi-les-anglo-saxons-investissent-autant-dans-le-narratif-geopolitique-des-genocides/

Thibault de Varenne — samedi 22 août 2026

Le premier lieu qu'on suggère de visiter à tout étranger débarquant à Kigali, au Rwanda, est un mémorial. Il est tenu par une fondation britannique et raconte selon la scénographie d'un musée de Washington. En écho au reportage que mon directeur de la publication, Eric Verhaeghe, rapporte et que le Courrier feuilletonnera, voici ce dont cet appareil fait bénéficer à ceux qui le tiennent — et ce qu'il coûte à ceux qui l'ont laissé leur échapper.

Cent jours

Il faut commencer par les faits, car une génération entière ne les connaît plus que par ouï-dire.

Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali. Dès le lendemain, les massacres commencent. Ils dureront cent jours, jusqu'à la mi-juillet. Ils visent les Tutsi — non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont — ainsi que les Hutu jugés trop modérés, assassinés les premiers pour que nul ne songe à s'interposer. On tue aux barrières routières, dans les églises où les familles s'étaient réfugiées, dans les écoles, sur les collines. On tue à la machette, souvent entre voisins, quelquefois entre parents. Une radio, la Radio-Télévision libre des Mille Collines, désigne les maisons et encourage les tueurs. L'administration fournit les listes ; les préfets et les bourgmestres organisent ; les milices exécutent. Le bilan est de huit cent mille morts selon les décomptes des Nations unies, d'environ un million selon le recensement rwandais — l'écart entre ces deux chiffres est déjà, on le verra, une affaire politique.

La tuerie s'arrête en juillet lorsque la rébellion du Front patriotique rwandais prend Kigali. Deux millions de Hutus fuient alors vers le Zaïre, et c'est de cet exode que naîtra la suite — celle dont on ne parle pas. Un tribunal international est créé à Arusha en novembre. En septembre 1998, il condamne Jean-Paul Akayesu, bourgmestre d'une commune ordinaire : c'est la première condamnation pour génocide de l'histoire des juridictions internationales. Une soixantaine d'autres suivront. En 2006, les juges d'appel constateront que ce génocide est devenu un fait de notoriété publique, qu'aucune défense ne peut plus contester. Douze ans auront été nécessaires.

Le premier lieu qu'on vous montre

Quiconque arrive aujourd'hui au Rwanda s'entend suggérer, dans l'heure, une visite. Pas les volcans, pas les gorilles : le mémorial de Gisozi, sur une colline au nord de Kigali. Les délégations étrangères y sont conduites avant tout entretien officiel ; les hommes d'affaires y passent entre deux rendez-vous ; les touristes y commencent leur séjour. Plus de deux cent cinquante mille corps y reposent, selon les autorités rwandaises. Le lieu a été ouvert en 2004, pour le dixième anniversaire, et il figure depuis septembre 2023 — avec Murambi, Nyamata et Bisesero — sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le parcours est d'une efficacité qu'on n'oublie pas. On descend ; la lumière baisse à mesure ; on avance parmi des objets personnels plutôt que parmi des chiffres — une paire de lunettes, une carte d'identité mentionnant l'ethnie, des vêtements ; une salle est réservée aux enfants, avec leurs prénoms, leur plat préféré, la manière dont ils sont morts ; on ressort par une section pédagogique consacrée à la prévention des génocides dans le monde.

Ce parcours n'a rien de rwandais. Il est la reprise, presque plan pour plan, de celui du musée fédéral américain de l'Holocauste, ouvert à Washington en 1993. Et le mémorial lui-même est conçu et tenu par l'Aegis Trust, organisation caritative britannique fondée par deux frères qui avaient d'abord créé un centre sur la Shoah dans le Nottinghamshire ; les archives de témoignages rwandais ont été constituées selon les protocoles d'entretien et d'indexation mis au point pour les rescapés européens.

Voilà pour les faits. Ils n'ont rien de clandestin, et c'est le trajet ordinaire d'un savoir-faire — un architecte hospitalier réemploie ses plans d'une ville à l'autre. La question commence après.

Le mot qu'on ne prononçait pas

Car au printemps 1994, pendant que les collines se couvraient de morts, le Département d'État américain donnait à ses porte-parole une consigne de vocabulaire. On dirait « des actes de génocide ». On ne dirait pas « un génocide ». La différence tient à un article et à un singulier ; elle valait la Convention de 1948, dont l'article premier oblige les parties contractantes à prévenir et à punir. Le mot fut donc évité avec application pendant que la chose s'accomplissait. Trente ans plus tard, la même puissance en finance la mémoire.

On y verra une contradiction. Je crois qu'il faut y voir une méthode.

J'étais trop jeune, en 1994, pour avoir vu cela de l'intérieur. J'ai vu la suite. Dans les années deux mille, sur le dossier soudanais, j'ai appris comment les chancelleries traitent ce mot-là : on le pèse, on l'ajourne, on le confie à un groupe de travail. Puis Washington l'a prononcé pour le Darfour, un jour de 2004, et il ne s'est rien passé — ni tribunal ad hoc, ni intervention, ni même embarras durable. J'ai compris ce jour-là que la qualification n'était pas la conséquence des faits, mais un acte diplomatique parmi d'autres, avec son coût, son rendement et son calendrier. On dit le mot quand il rapporte. On le tait quand il engage.

Deux qualifications, une seule porte

Encore faut-il savoir de quoi l'on parle, car deux mots circulent qu'on prend pour synonymes et qui ne le sont pas.

Le crime contre l'humanité se définit par un contexte. Il faut un acte figurant sur une liste longue — meurtre, extermination, déportation, torture, viol, persécution —, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, en application d'une politique. L'élément moral est modeste : il suffit que l'auteur ait su à quoi il participait. La victime peut appartenir à n'importe quelle population.

Le génocide se définit par une intention. La liste des actes y est plus courte, les victimes doivent relever de l'un des quatre groupes protégés — national, ethnique, racial, religieux —, et l'auteur doit avoir agi dans l'intention de détruire ce groupe comme tel. Une seule victime peut suffire si le geste s'inscrit dans un plan de destruction ; à l'inverse, cent mille morts ne font pas un génocide si cette intention n'est pas établie. Notons au passage que la liste des quatre groupes est fermée, et qu'elle l'est pour une raison politique : les groupes politiques en furent exclus en 1948 sur l'insistance soviétique. C'est pourquoi l'extermination des opposants par les Khmers rouges relève des crimes contre l'humanité, le génocide n'ayant pu être retenu que pour les Chams et les Vietnamiens. Le droit international ne protège pas les hommes ; il protège des catégories, et ce sont les vainqueurs de 1945 qui les ont dressées.

Vient alors le paradoxe, qui commande tout le reste. Le crime contre l'humanité est facile à prouver et sans juge ; le génocide est difficile à prouver et pourvu d'un juge.

Facile à prouver, parce qu'il s'établit par des faits objectifs — l'ampleur, la méthode, la politique. Sans juge, parce qu'il n'existe à ce jour aucune convention internationale sur les crimes contre l'humanité : le projet dort dans les commissions onusiennes depuis des années. Aucun texte n'oblige les États à prévenir, aucun article n'ouvre de recours d'un État contre un autre.

Difficile à prouver, parce qu'il faut entrer dans la tête des auteurs et que la Cour internationale de justice y applique le standard le plus sévère du droit : l'intention doit être la seule inférence raisonnable des faits. Mais pourvu d'un juge, parce que la Convention de 1948 comporte deux articles décisifs — le premier, qui oblige les États à prévenir et à punir ; le neuvième, qui permet à un État d'en assigner un autre à La Haye.

Toute la dialectique tient là. Un État qui veut éviter d'agir dira « crime contre l'humanité », qualification pourtant plus lourde de faits établis, parce qu'elle ne l'engage à rien — c'est très exactement l'opération sémantique du printemps 1994, un cran plus subtile. Un plaignant qui veut un juge devra dire « génocide », qualification pourtant plus difficile à démontrer, parce que c'est la seule porte ouverte. Les procureurs, eux, arbitrent selon qu'ils veulent condamner ou saisir : les mandats délivrés contre les dirigeants israéliens, que la Cour pénale internationale a depuis refusé d'annuler, visent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité — pas le génocide. Ce n'est pas une indulgence. C'est un calcul de plaideur qui veut gagner.

Il faut en tirer la conséquence, qui est déplaisante pour tout le monde. Le vocabulaire de ce débat n'est pas dicté par les faits mais par la procédure : elle pousse les États à sous-qualifier et les victimes à sur-qualifier, et chacun accuse l'autre de mauvaise foi alors que les deux obéissent au même texte. Le mot le plus grave du droit international est aussi le seul qui ouvre une porte. On se bat pour lui à cause de la porte.

Ce que la forme sélectionne

Revenons au mémorial, car le format qu'on y admire n'est pas neutre. Il exige des victimes individualisables, des objets conservés, des survivants filmables, un avant et un après nettement séparés, un bilan stabilisé. Il rend admirablement les crimes qui remplissent ces conditions. Il est à peu près inutilisable pour les autres.

Demandez-vous alors pourquoi il n'existe aucun mémorial pour les réfugiés hutu massacrés au Congo en 1996 et 1997, lorsque les camps de l'exode furent démantelés puis les colonnes de fuyards poursuivies sur près de deux mille kilomètres par les troupes du dictateur rwandais Kagamé. Ni objets, ni exhumations autorisées, ni survivants organisés, ni chiffre stabilisé : ces morts-là ne sont pas muséifiables. La forme a tranché avant les historiens.

Une discipline, ses chaires, et ce qu'elle fait de ses gêneurs

Il faut ici dire un mot d'un objet mal connu en France : les genocide studies. C'est une discipline universitaire constituée, née aux États-Unis dans les années quatre-vingt-dix, dotée de ses chaires, de ses revues et de son association professionnelle. Le premier doctorat au monde a été ouvert au Strassler Center de l'université Clark, dans le Massachusetts. Yale tient depuis 1998 un Genocide Studies Program ; Rutgers, un centre d'étude du génocide et des droits humains ; l'université du Minnesota, un centre d'études sur l'Holocauste et les génocides. Au Royaume-Uni, Royal Holloway et University College London ont leurs instituts ; en Israël, Yad Vashem entretient un institut international de recherche. Les revues de référence — Journal of Genocide Research, Holocaust and Genocide Studies, cette dernière publiée en association avec le musée fédéral américain — sont anglophones. L'association internationale des chercheurs, l'IAGS, a été fondée en 1994 et siège aux États-Unis.

Cette discipline sélectionne-t-elle les récits et écarte-t-elle les gêneurs ? La réponse honnête est : moins qu'on ne le croit, et davantage qu'elle ne le devrait.

Moins qu'on ne le croit, car sur le dossier le plus explosif de la décennie, elle n'a pas suivi ses bailleurs. L'association internationale des chercheurs sur le génocide a déclaré en 2025 qu'Israël commettait un génocide à Gaza. Omer Bartov, historien israélo-américain de l'université Brown, l'une des grandes autorités mondiales sur les massacres de masse, a conclu publiquement dans le même sens. Un ancien président de cette même association a averti que le processus se poursuivrait même en cas d'arrêt des opérations. Ce sont des Américains et des Israéliens, formés dans ces institutions, qui ont retourné l'outil contre l'usage qu'on en attendait. Une discipline qui fait cela n'est pas une officine.

Davantage qu'elle ne le devrait, cependant, car les carrières s'y règlent. L'historien Raz Segal, qui dénonça très tôt l'incitation génocidaire dans le discours officiel israélien, vit sa nomination à la direction du centre du Minnesota annulée après la protestation de donateurs. D'autres ont perdu des invitations, des financements, des conférences. Le tri ne s'opère pas par une consigne : il s'opère par le budget, qui est un instrument plus discret et plus sûr. C'est là, et non dans un complot, que loge la véritable dépendance — et c'est pourquoi la question de savoir qui finance les chaires est une question académique légitime, non une insinuation.

Ce que rapporte le monopole

Venons-en au rendement, puisque c'est la question centrale : qu'est-ce que Londres et Washington retirent de cet investissement ?

Trois choses, et elles sont considérables. La première est le droit de désigner. Celui qui tient la norme du crime suprême désigne les parias — un État qualifié devient infréquentable, ses avoirs saisissables, ses dirigeants poursuivables, ses partenaires commerciaux exposés. Aucun instrument diplomatique n'a ce rendement-là : ni la sanction, qui se contourne, ni la résolution, qui se vote. La deuxième est la légitimation des coalitions. On ne mobilise pas des alliés au nom d'un intérêt pétrolier ; on les mobilise au nom d'un « plus jamais ça » dont on est le gardien reconnu.

La troisième est la plus lourde, et il faut la déplier, car c'est là que gît la seule idée française de toute cette histoire.

Le principe s'est d'abord appelé, chez nous, le droit d'ingérence — puis, par une inflation caractéristique, le devoir d'ingérence. Il a été formulé au tournant des années quatre-vingt par un juriste, Mario Bettati, et un médecin devenu ministre, Bernard Kouchner : puisqu'un État qui massacre ses citoyens ne saurait s'abriter derrière sa souveraineté, la communauté internationale aurait le droit, et bientôt l'obligation, de forcer sa porte. La diplomatie française fit adopter en 1988, puis en 1990, deux résolutions des Nations unies sur l'accès humanitaire. Nous avions l'idée. Nous n'avons pas gardé la machine.

Car en 2001, après l'échec rwandais et Srebrenica, une commission internationale patronnée par le Canada reformula la chose en anglais sous le nom de responsabilité de protéger, que le Sommet mondial adopta en 2005. Le passage du français à l'anglais n'est pas un détail de traduction : le droit d'ingérence était une intuition morale de médecins, la responsabilité de protéger est une procédure, avec ses critères, ses seuils et son autorité compétente — le Conseil de sécurité, où nous sommes minoritaires. Nous avons apporté le principe ; d'autres ont écrit le mode d'emploi et gardé la clef.

En mars 2011, la résolution 1973 invoqua la protection des civils de Benghazi, menacés d'un massacre annoncé, pour autoriser l'emploi de la force en Libye. Aucun génocide n'y fut jamais allégué — j'y insiste, car la confusion est fréquente : ce fut l'application d'une doctrine née du génocide, non la qualification d'un génocide. L'opération s'acheva par un changement de régime et par la décomposition durable du pays, que les correspondants russes en Afrique décrivent aujourd'hui sans ménagement — et dont il faut reconnaître qu'ils n'ont pas tort sur les faits, quels que soient les intérêts qui les font parler. Le capital moral accumulé sur les collines rwandaises avait été converti, dix-sept ans plus tard, en autorisation de bombarder. C'est le meilleur rendement diplomatique du siècle. Ce fut aussi la mort de la doctrine : depuis, Moscou et Pékin opposent leur veto à toute résolution de ce genre, et ce sont les civils syriens qui l'ont payé.

Il faut ajouter une remarque désagréable, et je la fais sans plaisir. Les promoteurs français de l'ingérence ont une géométrie. Bernard-Henri Lévy, qui revendique d'avoir emporté la décision de Nicolas Sarkozy sur la Libye et que Tripoli dut ensuite prier de ne plus revenir, tient sur Gaza le discours exactement inverse : là où il exigeait qu'on intervînt au nom des civils menacés, il récuse aujourd'hui jusqu'au vocabulaire, et conteste la qualification avant même que les juges ne l'aient examinée. On peut soutenir sans se contredire que certaines situations appellent la force et d'autres non ; encore faut-il que le critère soit énonçable et qu'il ne coïncide pas, chaque fois, avec l'identité de l'ami. Une doctrine qui ne s'applique jamais aux siens n'est pas une doctrine. C'est une préférence, habillée en principe.

En quoi la France est-elle perdante ? De la manière la plus concrète qui soit, et le Rwanda en est le cas d'école. Kigali, qui appartenait à l'aire francophone, a fait de l'anglais sa langue d'enseignement en 2008, a rejoint le Commonwealth en 2009 sans avoir jamais été colonie britannique, et a reçu en 2022 le sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth. En une décennie, un pays entier a changé de camp linguistique, diplomatique et mémoriel. Pendant ce temps, la France se voyait assigner le rôle de l'accusée — un rapport officiel a fini par lui reconnaître, en 2021, des responsabilités lourdes et accablantes dans l'engrenage de 1994. Que ce constat soit historiquement fondé ne change rien à la mécanique : nous avons perdu la position, et ceux qui tenaient le récit l'ont prise. Nous n'avions ni musée, ni fondation, ni chaire à offrir. Nous avions des archives et de l'embarras.

La mécanique des contreparties, pièce à pièce

Reste à dire ce que Kigali retire de sa part du marché, car on parle trop de « crédit du génocide » sans en montrer les écritures. Les voici.

D'abord l'impunité régionale. Depuis trente ans, les interventions rwandaises à l'est du Congo ne coûtent rien de durable : les rapports onusiens documentent les crimes de guerre imputés au M23, la presse sud-africaine écrit que l'Occident ferme les yeux sur un Rwanda hors-la-loi, et les sanctions, quand elles tombent, sont levées la saison suivante.

Ensuite la rente minière. Le Rwanda produit peu de coltan et en exporte beaucoup : les minerais de l'est congolais transitent par Kigali et alimentent la croissance rwandaise autant que les chaînes d'approvisionnement occidentales, lesquelles ont signé avec lui plutôt qu'avec Kinshasa.

Ensuite la sous-traitance sécuritaire. Des troupes rwandaises tiennent le Cabo Delgado mozambicain depuis 2021, aux côtés et souvent à la place des forces régionales, protégeant notamment un gisement gazier exploité par un groupe français. Ajoutez les contingents fournis aux opérations de paix des Nations unies, qui font du Rwanda l'un des tout premiers contributeurs du continent : une armée qu'on ne sanctionne pas est une armée qu'on emploie.

Enfin la sous-traitance migratoire. Le gouvernement britannique a dépensé, selon sa propre ministre de l'Intérieur, quelque neuf cents millions de dollars pour n'envoyer que quatre volontaires au Rwanda ; et lorsque Londres a renoncé au dispositif, Kigali a poursuivi le Royaume-Uni en justice pour obtenir le solde. On mesure là le rapport de force réel : le client réclame son dû, et il l'obtient.

La mémoire est la monnaie ; l'alignement est la contrepartie. Le président rwandais peut ainsi, chaque avril, appeler à la vigilance contre le négationnisme devant un parterre de chancelleries qui n'ont rien à objecter, et pour cause : elles ont payé pour n'avoir rien à dire.

On me demandera si Kigali jouit du même privilège que Jérusalem. La fonction est la même : une impunité régionale qui survit à la documentation des faits. La solidité ne l'est pas, et la différence mérite qu'on s'y arrête. Israël est couvert par un veto au Conseil de sécurité — un droit, permanent, qu'aucune évolution d'opinion ne suspend. Le Rwanda n'est couvert que par une tolérance, c'est-à-dire par une décision discrétionnaire de bailleurs, révocable du jour au lendemain : l'aide britannique lui fut d'ailleurs suspendue en 2012, avant d'être rétablie l'année suivante. L'un dispose d'un droit ; l'autre, d'un crédit. Le second peut s'épuiser. Reste un point commun, et c'est le plus intéressant pour notre sujet : dans les deux cas, la contestation de la politique du jour se voit opposer la mémoire du crime subi, et le contradicteur se retrouve sommé de prouver qu'il n'est pas de mauvaise foi avant d'avoir pu exposer son fait. Ce n'est pas un argument, c'est un dispositif. Il fonctionne parce que le crime fut réel — et c'est précisément ce qui le rend si difficile à démonter sans devenir odieux.

L'objection, qu'il faut prendre au sérieux

On me dira que ce raisonnement conduit tout droit à la relativisation, et qu'à force d'expliquer que la qualification est politique, on finit par insinuer que les morts ne le sont pas. L'objection est sérieuse. Elle est même la seule qui compte.

J'y réponds ceci. Constater que la sélection est politique ne dit rien de la vérité des faits sélectionnés. Le génocide des Tutsi n'est pas moins établi parce que son tribunal doit son existence à une configuration diplomatique du Conseil de sécurité ; il a été jugé, par des juges, sur pièces, pendant douze ans, et cela ne se défait pas. Les morts du Congo ne sont pas moins réels parce qu'aucun juge ne les a dits. Le glissement qui conclut de la politique à l'équivalence — tout se vaut, donc rien n'est vrai — est la manœuvre exacte des négationnistes, et quiconque l'emprunte se disqualifie.

Il faut être aussi net sur un second point. Les puissances qui dénoncent aujourd'hui le double standard ne sont pas des greffiers. Moscou tient sur les interventions humanitaires un discours que dément son propre bilan ; Pékin conteste une qualification qui le vise — il parle de diffamation orchestrée et de deux poids deux mesures à propos du Xinjiang — et n'en accepterait aucune. J'ai cité leurs organes parce qu'ils voient, de là où ils sont, ce que nos capitales ne veulent pas voir. Cela ne les rend pas désintéressés. Cela les rend utiles.

L'arme retournée

Reste le fait le plus considérable, et qui devrait retenir quiconque croit encore à cette architecture : elle a échappé à ses constructeurs.

C'est l'Afrique du Sud, membre des BRICS, qui a saisi la Cour internationale de justice contre Israël sur le fondement de la Convention de 1948 — l'instrument des vainqueurs de 1945 retourné par le tiers-monde juridique. Et l'on comprend maintenant pourquoi elle a plaidé le génocide plutôt que le crime contre l'humanité, qu'il lui aurait été plus aisé d'établir : elle n'avait pas d'autre porte. Pretoria n'a pas choisi le mot le plus fort, elle a choisi le seul qui donnait accès à un tribunal. Les juristes de Pretoria savent que la décision au fond prendra des années, et que Washington s'emploie à défendre Israël dans la procédure ; ils y vont quand même. C'est la Cour pénale internationale qui a délivré des mandats d'arrêt contre le dirigeant d'un allié majeur, et les États-Unis qui ont répondu en sanctionnant des juges et des procureurs, puis en les rangeant au régime réservé aux terroristes. Il faut mesurer ce que cela signifie. La première puissance du monde maîtrise le récit du génocide précisément parce qu'elle refuse d'en subir la juridiction. On tient l'histoire ; on ne se présente pas au prétoire.

Et puis il y a ce petit fait de juin dernier, qui dit tout. Israël a reconnu le génocide arménien — après plus d'un siècle de refus destiné à ménager Ankara puis Bakou. Erevan n'a pas eu la naïveté de s'en émouvoir : ses propres analystes ont attribué la décision à des intérêts politiques étroits, et le premier ministre arménien a jugé qu'elle n'appelait aucune réponse particulière. Ankara, de son côté, a condamné la démarche. Voilà comment se prononce, en 2026, le mot le plus grave du droit international : quand nier coûte plus cher que reconnaître. Les morts de 1915 n'y sont pour rien.

Ce qui reste à la France

Une monnaie qui se dévalue ne prévient pas. Celle-là s'est dépensée sans compter depuis deux ans, et ce qui se consume à Gaza n'est pas seulement une réputation : c'est le capital moral accumulé depuis 1945, le seul qui permettait à l'Occident de dire le crime et d'être cru. Une puissance qui grandit en promettant de protéger finit toujours par être jugée sur sa protection.

La France, dans cette affaire, n'est pas condamnée à suivre. Elle a sa propre définition du génocide, plus exigeante que la définition internationale puisqu'elle réclame la preuve d'un plan concerté ; elle a des juges qui, depuis 2014, condamnent des génocidaires rwandais sans avoir attendu la permission de personne ; elle n'a ni musée à vendre ni doctrine d'intervention à justifier.

Appliquer la même règle aux amis et aux autres : je veux dire trois choses précises, et non une exhortation.

La première est procédurale. Nos cours d'assises jugent, avec une constance qui les honore, les génocidaires rwandais résidant en France. Le parquet antiterroriste a par ailleurs ouvert des enquêtes visant des ressortissants français mis en cause à propos de Gaza. La question n'est pas de préjuger de leur issue — elle est de savoir si ces dossiers-là avanceront au même rythme et avec les mêmes moyens que les autres. Une justice qui instruit vite les crimes des vaincus et lentement ceux des alliés n'est pas une justice partiale : elle est une politique étrangère déguisée en greffe.

La deuxième est diplomatique, et elle nous a déjà coûté. Lorsque la Cour pénale internationale a délivré ses mandats en novembre 2024, la France a d'abord « pris note », puis son ministre des Affaires étrangères a fait valoir qu'un dirigeant pouvait bénéficier d'une immunité — argument dont un rapporteur des Nations unies a aussitôt relevé qu'il n'avait aucune validité juridique, le Statut de Rome écartant précisément les immunités de fonction. Nous avons signé ce traité. Ou bien nous l'appliquons, y compris quand l'avion se pose à Roissy, ou bien nous cessons de donner des leçons de droit international à ceux qui ne l'ont pas signé.

La troisième est mémorielle. Nous avons ouvert nos archives sur 1994 et reconnu nos responsabilités ; il reste à laisser la procédure sur Bisesero aller jusqu'à son terme, quelle qu'en soit l'issue, plutôt que de la voir s'éteindre par lassitude. Un pays qui accepte d'être jugé sur son propre passé est le seul qui puisse encore parler du passé des autres.

Je ne sais pas si nous en avons le goût. Mais c'est la seule position qui vaille d'être tenue quand la monnaie des autres ne vaut plus rien — et elle est, pour une fois, entièrement à notre portée.

Ce journal, du moins, tiendra le registre. Le Courrier publiera dans les semaines qui viennent, par livraisons, le reportage rwandais de mon directeur de la publication, et reprendra un à un les fils que cette chronique n'a fait que nouer : les comptes du dispositif mémoriel et ceux de ses opérateurs, les massacres congolais de 1996 et 1997 qu'aucun tribunal n'a jamais dits, la discipline universitaire et ses bailleurs, l'état réel des procédures ouvertes en France. Nous le ferons au moment précis où la qualification de ce qui se passe à Gaza devient la ligne de partage de la diplomatie occidentale — celle qui sépare désormais des alliés de trente ans, et sur laquelle chaque capitale devra se prononcer sans pouvoir longtemps se dérober. Autant y venir avec des pièces qu'avec des humeurs.