En los criterios de selección de beneficiarios solo reciben apoyo organizaciones que alinean su agenda con prioridades de política exterior estadounidense. Un ejemplo ilustrativo, entre miles, ocurrió en Nicaragua cuando el
medio «Confidencial» —financiado por USAID y la NED— fue clave en la
cobertura de las protestas de 2018, promoviendo un relato alineado con
la narrativa de «cambio de régimen» impulsada por Washington.
Mientras, medios críticos con la oposición violenta y apegados a la
realidad de los hechos, fueron excluidos posteriormente de programas de
capacitación y subsidios.
El caso de los «periodistas fellows»
El documento filtrado refleja como la USAID presume de formar a 12.000 periodistas
al año en «estándares éticos y técnicas innovadoras». No obstante,
estos programas priorizan la enseñanza de herramientas digitales
vinculadas a plataformas estadounidenses (Google, Meta) y enfoques editoriales que refuerzan la visión occidental de derechos humanos, seguridad y democracia.
En Ucrania, el proyecto Media Deep Dive (2021-2023), con $15 millones de USAID, entrenó a periodistas en «desmentir propaganda rusa». Si bien esto parece legítimo en contexto de guerra, el programa excluyó a medios que cuestionan el historial de corrupción del gobierno ucraniano o el rol de empresas militares estadounidenses en el conflicto.
Con $268 millones congelados por la administración Trump en 2020 —y
restablecidos bajo Biden—, medios locales y periodistas entrenados por
USAID se alinearon con la narrativa prooccidental, especialmente tras la
Operación Especial de Rusia. Desde entonces el 90% de la información
procedente de Ucrania está influenciada por este esquema.
El informe de USAID filtrado también señala una presunta
«represión» a periodistas en China, Rusia o Venezuela, pero omite su
silencio cómplice ante abusos de aliados como Arabia Saudita, Israel o
Colombia. Peor aún, organizaciones financiadas por USAID suelen
evitar investigar temas sensibles para Estados Unidos, como, por
ejemplo, el impacto de bases militares en Okinawa (Japón) Guantánamo
(Cuba) o la extracción de litio en Argentina por empresas
norteamericanas.
Es emblemático el rol de los medios que funcionan como ONG
mediáticas, denominados también como alternativos que están asociados a
proyectos de USAID. También las ONG que, bajo el paraguas de la
lucha ambientalista, por los derechos indígenas, incluso deportivos,
reciben los fondos para su funcionamiento y que en muchos de los casos
son vitales para su funcionamiento.
En este sentido, la USAID afirma promover «medios diversos»,
pero su modelo margina proyectos comunitarios, indígenas o
anticapitalistas que rechazan su financiamiento por principios.
En Bolivia, el medio Red Patria Nueva perdió visibilidad al negarse a
participar en talleres de USAID, mientras competidores «capacitados» por
IREX acapararon espacios públicos. Una estrategia similar está dirigida hacia Venezuela.
Cuando el financiador dicta la noticia
La reciente revelación de la inyección de millones de dólares a medios como POLÍTICO, Associated Press (AP) y la BBC —bajo
el paraguas de USAID— muestra el sistema de influencia mediática de
alcance global de Washington. Según documentos filtrados por WikiLeaks y
un análisis publicado por Reporteros
Sin Fronteras (RSF), detalla que USAID financia a más de 6.200
periodistas en 707 medios y 279 ONG «mediáticas» en más de 30 países. Estas cifras, extraídas de una hoja informativa retirada por USAID en 2023, revelan un alcance masivo.
El presupuesto asignado por el Congreso para 2025 —$268.3 millones destinados a «medios independientes»— pone el foco en la prioridad geopolítica estadounidense en moldear narrativas en zonas estratégicas. Sin embargo, como señala el Columbia Journalism Review, este modelo no fortalece el periodismo, sino que lo somete a una lógica de dependencia.
El caso de POLÍTICO fue escalando en los medios estadounidenses. Según USASPENDING.gov, este medio recibió millones de dólares de agencias estadounidenses durante los años de Biden.
Su cobertura durante las elecciones de 2020 —incluyendo el polémico
artículo de los «51 oficiales de inteligencia» que desacredita el
escándalo de la laptop de Hunter Biden— fue señalada como propaganda
partidista.
Pero el escándalo mayor estalló en 2021 cuando POLÍTICO fue
vendida al conglomerado alemán Axel Springer por $1.000 millones, usando
fondos de contribuyentes estadounidenses para apuntalar su expansión. Como denuncia
ZeroHedge, el dinero público terminó financiando un «gigante mediático
extranjero», cuyos intereses editoriales «priorizan agendas
transatlánticas».
La BBC del Reino Unido y el New York Times también aparecen en la lista de beneficiarios. La primera recibió $3.2 millones, y la segunda $3.1 millones de fondos federales, según datos oficiales.
RSF advierte que la dependencia de la ayuda estadounidense ha «sumido
en el caos al periodismo global». Medios críticos que rechazan estos
fondos —por temor a perder autonomía— enfrentan asfixia económica, y
muchos han sido atacados por los propios medios financiados por USAID, acusándolos de «desinformación» o «propaganda».
Ejemplo paradigmático es el de medios latinoamericanos como
TeleSUR, señalados por POLITICO y AP como «voceros de regímenes
autoritarios», mientras sus contrapartes financiadas por USAID gozan de
etiquetas como «medios independientes verificados». La línea entre periodismo y activismo se difumina cuando el dinero define quién tiene voz.
El rol de la USAID en el ecosistema mediático latinoamericano
Retomando el concepto de «manufactura del consenso» acuñado por Noam Chomsky y Edward Herman, un artículo de NACLA argumenta que, durante el siglo XX,
agencias estadounidenses como la CIA financiaron periódicos, radios y
televisoras para promover narrativas anticomunistas y respaldar
regímenes aliados. En la actualidad, señala el texto, esta
estrategia se ha sofisticado: bajo el discurso de promover la «libertad
de prensa» y la «sociedad civil», organismos como la USAID y la National
Endowment for Democracy (NED) canalizan recursos a medios digitales y
periodistas independientes que, conscientemente o no, replican marcos
discursivos alineados con la política exterior estadounidense.
Al menos 30 medios digitales y organizaciones periodísticas
en países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y México son
beneficiarios directos de fondos de USAID entre 2020 y 2024.
Estas asignaciones de miles de millones, se justifican bajo el paraguas
de «fortalecer la democracia» y «promover la libertad de prensa». No
obstante, los recursos están concentrados en entidades que priorizan
coberturas alineadas con narrativas críticas hacia gobiernos
considerados adversarios de Washington, como los de Venezuela y
Nicaragua.
En Venezuela, al menos una decena de medios, y en el exterior
—como NTN24 Venezuela, Caraota Digital y VivoPlay— operan desde
Colombia, España o Estados Unidos con financiamiento de USAID. Según
los datos, los millonarios aportes son destinados principalmente a
reportajes sobre la «crisis humanitaria» y la supuesta «represión
política», pero con escaso enfoque en las consecuencias de las sanciones
económicas de EE.UU.
Durante su programa a inicio de septiembre de 2024, el
presidente venezolano Nicolás Maduro desató una polémica al exhibir un
cartel con los logos de medios digitales como Tal Cual, El Pitazo,
Efecto Cocuyo, Armando Info, El Estímulo y Analítica, acusándolos de
operar como herramientas de injerencia extranjera. «Son
portales fundados y financiados por la USAID, posicionados para imponer
su realidad paralela», afirmó Maduro en diálogo con el Embajador de
Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.
El cartel mostrado incluía además a Armando Info, especializado en datos, y Analítica, una especie de think tank que publica análisis políticos. Ambos reciben subvenciones de la NED bajo la etiqueta de «innovación democrática». Según el informe, estas organizaciones canalizaron cientos de miles de dólares para «estudios sobre gobernabilidad», cuyos resultados son citados frecuentemente por congresistas estadounidenses para justificar nuevas sanciones contra Venezuela.